En Cusco, los 279 casos de corrupción lo arrastran solo dos juzgados

EVALUACIÓN. Hace falta dos nuevos juzgados especializados en delitos contra la administración pública para resolver esa carga procesal. Mientras que hay 277 requisitoriados. La Corte supera los 100 mil casos en lo penal, civil, laboral y otros.,En Cusco, los 279 casos de corrupción lo arrastran solo dos juzgados,El presidente de la Corte Superior de Justicia de Cusco espera que se apruebe la creación de dos juzgados especializados para procesar casos de corrupción. Wilbert Bustamante del Castillo pidió a sus superiores estos despachos para que atiendan la alta carga procesal por estos delitos que cometen los funcionarios. Urge un despacho para Cusco y otro para La Convención, donde hay alta incidencia de hechos irregulares en el manejo del dinero público. Actualmente, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, que preside el magistrado Wesly Astete, está a cargo de aquellos casos contra la administración pública. PUEDES VER: Policías son separados por corruptos y agresores en Cusco Son 226 casos que Astete tiene como carga, en fase de control de acusación o juzgamiento (juicio oral). Lo ayuda, con 53 casos, el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal. Ambos despachos han resuelto este año 46 procesos por corrupción. Algunas sentencias suben en apelación a la Segunda Sala Penal de Apelaciones que tiene cuatro casos por resolver. Otros se van a la Corte Suprema de Lima. “Teníamos previsto que ambos juzgados empiecen a funcionar este año, pero por alguna demora parece que entrará en funcionamiento desde el 2018”, refiere Bustamante. La principal dificultad para que un nuevo juzgado sea activado es el dinero. Un despacho requiere un juez, secretarios, asistentes, local y mobiliario. “Tiene que haber un presupuesto aprobado. Esa luz verde está demorando”. REQUISITORIADOS Y MÁS BUSCADOS Perseguir a los procesados o condenados por diferentes delitos no solo es tarea de los jueces. También es obligación de la Policía. En Cusco, hay 277 acusados con requisitorias y órdenes de captura. En su mayoría por delitos de omisión a la asistencia familiar, conducción en estado de ebriedad, violación sexual, hurto y robo, así como delitos contra el medio ambiente. Asimismo, hay un grupo de exautoridades y funcionarios acusados de corrupción que fugaron para evitar ser sancionados. Inclusive hay algunos que están en el programa de recompensas del Ministerio del Interior. En la lista de Los Más Buscados figuran los exalcaldes de San Sebastián, Julián Incaroca Ninancuro, y de Echarati, José Ríos Álvarez. Una de las figuras legales que se ha usado con efectividad es la prisión preventiva. Hay 102 procesados con esa medida por incurrir, principalmente, en delitos de violación sexual, hurto, robo, homicidio y otros. Bustamante del Castillo consideró que la aplicación de la medida preventiva es excepcional, aunque a veces se usa por presión mediática como en los casos Lava Jato. No obstante, sostuvo que en Cusco la aplicación es rigurosa, respetando las garantías como la presunción de inocencia. AUDIENCIAS EN QUECHUA Uno de los avances en la administración de justicia en la Región Imperial es la realización de audiencias en quechua en casos con implicados quechuahablantes. Se han dictado dos condenas, una por confesión sincera (terminación anticipada), a campesinos que solo hablan ese idioma. Uno de los fallos es del 09 de junio pasado. El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente condenó a Albertina Gutiérrez Mamani por delito de lesiones graves contra Leoncio Morón Paz. El director de la sala es el juez Gilbert Arias Paullo. Esa misma sala condenó a Juan Gregorio Mamani Oquendo a 6 años de prisión por haber abusado sexualmente de su hijastra menor de edad. Estaba en estado de ebriedad. “Lo que se busca es acercar la justicia a los litigantes. No es lo mismo juzgarlos en su idioma que hacerlo en otros”, explicó el juez Arias. “Lo que se busca es que la gente campesina tenga derecho a que la justicia se le acerque”, añade Bustamante. Además, se aplica la justicia comunal como mecanismos de acercamiento a las poblaciones de escasos recursos económicos. Entrevista Wilbert Bustamante del Castillo, Pdte. de Corte de Cusco ¿Cómo toma que el Poder Judicial siga siendo visto como una de las instituciones más corruptas? Hay que interpretar esto a partir de varias lecturas. Somos un órgano a nivel nacional que es parte del sistema de justicia, pero muchas de las actuaciones de otros órganos ligados (Policía, Fiscalía) se le atribuyen al Poder Judicial. Es una de las posibles explicaciones. Otra es que siempre están en el tema mediático algunos casos judiciales. Es cierto que en algunas cosas fallamos, los que administramos justicia somos personas. Debemos decir que manejamos 1 millón de casos a nivel nacional y en Cusco 100 mil. Eso implica que de ese número un pequeño porcentaje de casos son cuestionados, no son más de 500, que hace que se genere toda esta imagen. ¿Es más percepción que realidad? Tengo esa impresión. Nosotros tenemos defectos, eso hay que subrayarlo. Una de las cosas que se cuestiona en nuestro caso es la lentitud y hay que ser autocríticos. Somos lentos sí, pero se debe a la cantidad de procesos. En algunos juzgados penales se están programando audiencias para el siguiente año. Pasa con los casos de corrupción que son atendidos por apenas un juzgado... Usualmente pasa por el tema del Ministerio Público. La investigación se alarga no porque los fiscales tengan esa intención sino que también es un tema de recursos. Pensemos por ejemplo que para formular una acusación en este caso de la avenida Evitamiento (Odebrecht) se requiere saber qué cosa está mal y para eso hay que contratar peritos. Un perito quiere hacer ese trabajo y cobrar casi lo mismo de lo que costó los estudios de la obra y esas son sumas inmensas. Acerca del Nuevo Código Procesal Penal se cuestiona el uso “abusivo” de la prisión preventiva. ¿Es así? Las prisiones preventivas son la excepción, la regla es que las personas purguen prisión una vez que sean hallados culpables. Pero las prisiones preventivas son medidas cautelares que se adoptan no como sanciones sino para evitar que (los investigados) vayan a fugarse o puedan alterar los elementos probatorios. Pero aquí hay mucha presión mediática para que se dicten prisiones preventivas, si no ocurre esto los titulares no son nada gratos contra los jueces.