César Torres Acuña* Esta semana tuve la oportunidad de participar en una serie de talleres para la elaboración de la Política Nacional de Oportunidades de Empleo para Personas con Discapacidad, organizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). En estos espacios, personas ciegas, sordas, y con otras deficiencias mentales e intelectuales, tuvieron la oportunidad de exteriorizar los problemas que enfrentan día a día para acceder y mantenerse en el mercado laboral; al mismo tiempo, pudieron plantear alternativas para eliminar las barreras que les impiden hacer efectivo su derecho fundamental al trabajo. Es difícil no sentir el impacto de la exclusión, del prejuicio y de la desidia que sufren estas personas; sin embargo, estos procesos de consulta abren pequeñas ventanas de esperanza. Se trata de un proceso que se está desarrollando tanto en Lima como en provincias, involucrando a diversas organizaciones de personas con discapacidad, así como a entidades públicas y al sector empresarial. Esperemos que esta experiencia sirva para fortalecer el proceso de inclusión de las personas con discapacidad y pueda sentar un precedente importante, el cual sea replicado por otras entidades públicas a nivel nacional, regional o local. La generación de espacios de participación para las personas con discapacidad es buena ‘per se’. Es preciso, por tanto, reconocer el esfuerzo del MTPE en implementar el proceso de consulta respetando la diversidad y heterogeneidad de la discapacidad -física, sensorial, mental e intelectual-; más aún si tenemos en cuenta los grandes desafíos que esto implica, desde la implementación de las adaptaciones necesarias para garantizar una participación efectiva de estas personas –como intérpretes en lenguaje de señas, documentos en formatos accesibles, utilización de lenguaje sencillo, etc.-, hasta la real disposición a escuchar las narraciones sobre las dificultades cotidianas que sufren para insertarse en el mercado laboral y la incorporación de las recomendaciones que estas personas plantean para eliminar las barreras que les impide trabajar en condiciones de igualdad. Recordemos que, en el Perú, de acuerdo a la Primera Encuesta Especializada sobre Discapacidad, realizada por el INEI-ENEDIS 2012, más de un millón y medio de personas tiene alguna discapacidad, y de ellos casi el 77% están fuera del mercado de trabajo. Asimismo, entre las personas con discapacidad que buscan empleo, más del 12% no lo consigue, lo cual representa el triple de la tasa de desempleo nacional. Por otro lado, de las 278 mil personas con discapacidad que están en el mercado de trabajo, aproximadamente 162 mil trabajan como independientes, y solamente un aproximado de 79 mil personas tiene la condición de empleado u obrero. En resumen, la desocupación de esta población es elevada. De acuerdo a las personas con discapacidad, la baja formación y capacitación que tienen es uno de los principales factores que impiden el acceso a un empleo digno. De acuerdo a las cifras del INEI, dos de cada tres personas con discapacidad en el país presentan una significativa brecha educativa que dificulta su inserción en el mercado de trabajo. Por tanto, toda política orientada a promover oportunidades de empleo a esta población debe estar en estrecha relación con el cierre de brecha educativa que existe actualmente. Recordemos que, según el INEI, el 24% no cuenta con ningún nivel educativo, el 41% tiene solo primaria, el 23% cuenta con estudios secundarios y solo el 12% con estudios superiores. Estas cifras no hacen sino evidenciar la urgencia de mejorar la calificación laboral de estas personas, a fin de favorecer su inclusión en el mercado de trabajo. Seamos honestos, si no se trabaja en recortar la brecha educativa, difícilmente tendrá éxito una política de oportunidades de empleo para personas con discapacidad. No se trata de promover la caridad para la contratación laboral sino de desarrollar capacidades que generen oportunidades reales de acceso y permanencia en el empleo. La generación de oportunidades de empleo demanda formación y capacitación, así como programas de apoyo financiero para el emprendimiento, campañas orientadas a eliminar los prejuicios negativos existentes contra estas personas, y el establecimiento de servicios y programas que brinden asesoría tanto a los empleadores como a las personas con discapacidad que buscan empleo. Esperemos que el compromiso asumido por los Estados, en el marco de la APEC, de implementar una estrategia educativa que permita mejorar las competencias y la empleabilidad, tome en consideración esta realidad y se genere un contexto en el cual se logre realmente incluir a esta población por el bien de toda la sociedad. * Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad – Defensoría del Pueblo.
