La presidenta Dina Boluarte solicitó detener las investigaciones en su contra vinculadas al caso Rolex. No obstante, debido a la complejidad del asunto y la necesidad de realizar pericias contables que demandarían un plazo más extenso para su investigación, el Poder Judicial desestimó su pedido, declarándolo infundado en los registros judiciales.
“Se resuelve declarar infundada la solicitud de control de plazo formulada por la defensa de doña Dina Ercilia Boluarte Zegarra en la investigación preliminar seguida en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito y otro en agravio del Estado”, se lee en el documento.
Para toma esta decisión, el Poder Judicial declaró que la investigación era compleja, lo que permitió extender el plazo de la fase preliminar a ocho meses, conforme a lo establecido en los artículos 330 y 342 del Código Procesal Penal. Estos artículos contemplan dicha prórroga en casos de esta naturaleza, debido a la cantidad de actos procesales requeridos, la complejidad de las revisiones documentales y otros análisis técnicos.
Aunque la defensa argumentó que el caso debía regirse por la Ley N.° 27399, que establece un plazo de 60 días para altos funcionarios, el Poder Judicial consideró que era aplicable el Código Procesal Penal (CPP), el cual permite una investigación más extensa en casos complejos.
El Juzgado Supremo, también, destacó que aún estaban pendientes las pericias contables y otros análisis relacionados con las declaraciones de ingresos y bienes de Boluarte, por lo que solicitó un plazo mayor para concluir dichas diligencias.
Se citó el artículo 99 de la Constitución, que establece que ciertos altos funcionarios, como la presidenta de la República, pueden ser investigados y procesados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones. El Poder Judicial argumentó que la Ley N.º 27399 no es excluyente y debe interpretarse conjuntamente con el Código Procesal Penal (CPP) para permitir una investigación más profunda en casos complejos.
Tras ello, el Poder Judicial, a través del juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley, autorizó la ampliación de la investigación preliminar contra Dina Boluarte Zegarra por presunto enriquecimiento ilícito y extendió el plazo hasta enero de 2025. Al mismo tiempo, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentó una acusación constitucional ante el Congreso de la República contra Alberto Otárola Peñaranda, expresidente del Consejo de Ministros, por el delito de colusión agravada.
Sobre este caso, la República conoció que la defensa de la mandataria apelará la decisión del PJ: "Ya me notificaron. Irá a la Sala Penal Permanente, que la preside Cesar San Martín", indicó su abogado.
Cabe recordar que este caso fue el motivo por el cual se presentó, el pasado 27 de mayo, la primera denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte. El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, imputó a la mandataria como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio en el contexto del conocido caso 'Rolexgate'.