Hélène Tigroudja, del Comité de DD.HH. de la ONU: “La no retroactividad no es un principio absoluto, hay un imperativo: el derecho a la justicia”
Afirma que observa con mucha preocupación los ataques a la democracia peruana.
El Centro para los Derechos Civiles y Políticos (Centro-CCPR), organización internacional con base en Ginebra, Suiza, realizó una visita al Perú del 26 al 29 de agosto de 2024. Hélène Tigroudja, miembro del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, fue parte de la delegación. Ella conversó con La República.
Luego de estos días de visita en el Perú, ¿cuál es su evaluación general de la situación de los derechos humanos?
Lo que le puedo decir es que la situación me parece muy preocupante. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que es un órgano de supervisión del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, tuvo su último diálogo con el Perú en marzo de 2023. Desde entonces, incluso tengo la impresión de que la situación es peor que en 2023.
¿En cuáles aspectos diría que la situación ha empeorado?
Hay dos o tres que puedo mencionar. Hay un proyecto de ley sobre las ONG que es muy preocupante y que es una forma de presión sobre ellas. El segundo punto, que también es de gran preocupación para el Comité y los órganos interamericanos, es la ley sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Es totalmente contraria a todas las obligaciones internacionales del Estado peruano, de investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad, de garantizar el acceso a la verdad de los familiares de víctimas de torturas, desapariciones forzadas y otros. En tercer lugar, hay un proyecto de ley para fiscalizar el trabajo de jueces y fiscales, algo que también es completamente contrario a las obligaciones internacionales del Estado.
Quienes promovieron la ley sobre lesa humanidad señalan que aquella no se puede aplicar retroactivamente en el caso de delitos cometidos cuando esa figura todavía no existía. ¿Qué responde?
Entiendo el argumento que usted señala, pero eso se aplica para los crímenes comunes. Normalmente la no retroactividad no es un gran problema, pero sí lo es cuando se aplica a crímenes que son considerados muy graves y sobre los cuales un Estado debe investigar y sancionar. El principio de la no retroactividad no es uno absoluto porque hay un imperativo: el derecho a la justicia y a el acceso a la verdad para los familiares. Un Estado no puede cambiar eso. La normativa internacional, especialmente las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es muy clara. No entiendo por qué el Estado peruano está cambiando eso.
¿El Perú está en una zona gris en materia de derechos humanos, entonces?
Podría ser gris. Aunque es más una zona roja para mí. En estos días he conversado con personas de varios sectores y mi impresión es que los ataques a los derechos humanos, al estado de derecho y a la democracia son simultáneos. Y esto va en paralelo con grupos anti derechos que tienen una narrativa contra los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas. A eso hay que sumarle la debilidad de instituciones como el Poder Judicial o la Defensoría del Pueblo. Es una estructura muy peligrosa.
El Perú adhiere tratados internacionales, pero incurre en desacato. Por ejemplo, ha desacatado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo observa esto la ONU?
Tengo que decir que a nivel internacional ni la ONU ni el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos tienen el poder de sancionar a un Estado. Tenemos que respetar la soberanía del Estado, pero hay informes, por ejemplo, el de la Corte Interamericana sobre el caso Fujimori, que son necesarios para visibilizar la situación. Por eso se necesita un Poder Judicial que funcione o que tenga la posibilidad de funcionar. Debo decir que la posición de la Fiscalía frente a la ley de lesa humanidad ha sido importante.
Se refirió al proyecto de ley que busca crear una comisión en el Congreso para fiscalizar a jueces y fiscales como uno de los hechos que más le han preocupado en su visita. ¿Por qué?
Porque es muy peligroso. Un juez o un fiscal tienen la necesidad de trabajar sin presión política. Por supuesto, si hubiese algún problema con su desempeño, para eso existe un régimen disciplinario. Pero en mi experiencia no existe en ningún país democrático algo así como lo que se plantea. No se puede, es totalmente contrario al Estado de Derecho, a la idea de la democracia y de la separación de poderes.
¿Ha tenido la oportunidad de ver el tema de las víctimas de las marchas de 2022-2023?
Sí, claro, en Ayacucho. Los familiares están esperando justicia porque por el momento hay investigaciones, pero no hay resultados. Tengo que decir que me voy del Perú con un poco de pesimismo porque la gente tiene miedo. Tiene miedo de hablar, de protestar, de criticar y, en ese contexto, es muy difícil ver que haya un espacio para la mejora de la situación.
¿Y hay algo positivo?
Lo positivo, eso sí, es que hay una sociedad civil que trabaja, organizaciones que continúan en la lucha por sus derechos humanos.
Parte de esa organización civil es la que ha reclamado por la excarcelación de Alberto Fujimori. ¿Qué piensa de esa decisión?
Fue algo contrario a las decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Cuando una persona no tiene buena salud o es muy mayor se le puede excarcelar, naturalmente, sin embargo hay todo un procedimiento que debe cumplirse. Pero no fue respetado. Y al final, esa persona salió de prisión y a los meses declaró que se iba a convertir en candidato a la presidencia.
Pensaba en los familiares de las víctimas y debe de haber sido insultante para ellas, que no solo no se respetaron las causales del indulto, sino que Fujimori pretende seguir participando en política.
Es que sí, es una forma de revictimización. Sin duda que es algo muy duro para los familiares de las víctimas.
