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El Parlamento también postergó la denuncia contra Edgar Alarcón por dar positivo a COVID-19 y aprobó la denuncia contra el exconsejero del CNM Iván Noguera.
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Pleno del Congreso evalúa creación de distritos
El Pleno del Congreso de la República evalúa este viernes 12 de marzo las denuncias aprobadas por la Comisión Permanente contra los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Iván Noguera Ramos y Segundo Morales Parraguez por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
El último 1 de marzo, la comisión decidió admitir la acusación contra Morales Parraguez con el fin de destituirlo e inhabilitarlo por cinco años de la función pública.
El abogado habría incurrido en el delito de tráfico de influencias por haber contratado a su futuro yerno Enrique Valdez Alegría como asesor de su despacho en el anterior CNM.
El caso de Iván Noguera es por presunta organización criminal y cohecho pasivo fue aprobada por la Comisión Permanente en sus sesiones del 22 de enero y 5 de febrero.
Noguera es investigado junto a Guido Aguila Grados por el nombramiento de Juan Canahualpa como fiscal de familia y la ratificación del juez constitucional Ricardo Chang Racuay, por lo que fueron implicados en la investigación del Ministerio Público en Los Cuellos Blancos.
El Parlamento también verá la denuncia contra el congresista Edgar Alarcón, de Unión por el Perú (UPP), por el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado, aprobada en la Comisión Permanente el viernes 5.
Este acuerdo se dio luego de que el legislador evadiera por segunda vez la sesión de este grupo de trabajo con el propósito de retrasar el trámite de una de las denuncias constitucionales presentadas en su contra por la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos.
Investigaciones contra Alarcón Tejada
A Alarcón también se le investiga por un presunto desbalance patrimonial a raíz de encontrarse gastos que ascienden a S/ 201.337,24, entre el 9 de junio del 2016 y el 4 de julio del 2017, cuando se desempeñó como contralor general de la República.
En él, además, recaen otras cuatro denuncias por supuestos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, como colusión, peculado doloso, negociación incompatible y lavado de activos.
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