El pequeño grupo de defensores del Parlamento disuelto echa mano de una supuesta violación de los derechos de los exlegisladores, que se habría cometido al cesar constitucionalmente el Congreso y convocar a elecciones el 26 de enero. Entre estos “derechos” se señala el de concluir el mandato para el que fueron elegidos, o de impedir que ejerzan la representación.
Estos derechos, obviamente, no existen; los que sí constan en la Constitución son las prerrogativas parlamentarias que operan como garantías para el cumplimiento de sus funciones, entre ellas la no sujeción al mandato imperativo y la inmunidad, por ejemplo.
Resulta, sin embargo, que en los tres años del Congreso disuelto, esas prerrogativas han sido utilizadas, precisamente, para violar los derechos de otros, o incumplir principios que se encuentran en la base del Estado de derecho. Uno de los más clamorosos es el comportamiento delictivo del excongresista Moisés Mamani, quien realizó tocamientos indebidos a una aeromoza, violando abiertamente sus derechos y libertades. El Parlamento consintió este delito, obstruyó la acción de la justicia y le aplicó solo unos meses de suspensión.
El mismo Congreso protegió al ex vocal supremo César Hinostroza, quien, como se recuerda, prevaricó e incurrió en tráfico de influencias en el caso de la niña violada a cuyo agresor favoreció la sala que presidió, revictimizando a la agredida y violando sus derechos y libertades, dejándola en la indefensión. En esa operación de encubrimiento, donde lo más importante era la impunidad del operador judicial de Keiko Fujimori, Fuerza Popular y sus aliados jamás pensaron en los derechos de la joven víctima. Y ya no recordemos los derechos de la educación de miles de estudiantes a quienes el fujiaprismo amenazó desde el 2016, a pedido de los dueños de las universidades precarias y estafadoras, contra la Ley Universitaria vigente; o su lucha contra los octógonos que resulta siendo un ataque al derecho de las personas a una alimentación saludable.
Disuelto constitucionalmente el Congreso, y superada la etapa dolorosa de un Legislativo violador de derechos y libertades, el país se encamina hacia las elecciones parlamentarias que renovarán la representación, un acto que al mismo tiempo implica la reiteración de la libertad de elegir y ser elegidos y los derechos inherentes al sufragio. Como lo señaló en su momento el pronunciamiento de la OEA, es correcto que este período de obstrucción y de entrampamiento político tenga como desenlace el pronunciamiento del pueblo en las urnas.