Agroindustria: Lo que no se discute

"La Ley 27360, entonces, no ha sido la panacea. Y si bien ahora la prórroga aumenta algo los salarios –pero mantiene el 15% de IR– de ninguna manera debe extenderse a todos los sectores de la economía".,La Ley 27360 de promoción de la agroindustria –aprobada en el 2000– ya está lista para ser prorrogada en el Congreso. La actual ministra, Fabiola Muñoz, ha afirmado que la apoya “porque genera empleo, formaliza, usa de manera eficiente el agua y coloca productos en el exterior que nos hacen sentir orgullosos”. Otros van más lejos, afirmando que sus “incentivos” deberían extenderse a todos los sectores pues se alentaría la inversión, habría más trabajo formal y aumentarían las exportaciones. Se obvia que la ley 27360 –que rebaja el impuesto a la renta del 30% al 15% y que recorta salarios y vacaciones– es solo uno de los componentes del crecimiento de la agroindustria. Hay otros dos, muy importantes, que apenas se mencionan. Uno es la rebaja arancelaria a cero por ciento que comienza en los 90, otorgada por EEUU con la Ley de Promoción Andina (después ATP-DEA) y por la Unión Europea con el Sistema de Preferencias (SGP), que favorecen diversos productos, con énfasis en el agro, para sustituir la hoja de coca. Más adelante, este arancel cero se estabiliza con la firma de los TLC, a fines de los 2000. El otro son las enormes inversiones en irrigación del Estado, sobre todo en la costa norte, en los últimos 30 años por US$ 6,321 millones (dólares del 2012). Entre ellas Chavimochic, Olmos, Pasto Grande, Jequetepeque-Zaña, Majes-Siguas, Chira-Piura, que han añadido más de 200,000 hectáreas. De esta cantidad, el Estado solo ha recuperado US$ 462 millones (el 7% de lo invertido) por la venta de tierras y otros cargos (1). Es entonces la conjunción de esos tres elementos lo que aumenta las exportaciones agroindustriales. A lo cual habría que añadir: 1) la enorme concentración de la propiedad para obtener “economías de escala” (Gloria y otros poseen más de 50,000 ha) y 2) la capacidad competitiva e innovadora de los empresarios peruanos (y otros) para entrar a los mercados con arancel cero (y enorme subsidio estatal, claro). Hay más proyectos en marcha, aunque muchos están “parados” por denuncias de corrupción: Alto Piura, Olmos (Primera Fase), Chavimochic III y Majes-Siguas II. Dice Macroconsult que en conjunto irrigarían 128,000 hectáreas nuevas y mejorarían otras 69,000 (14/3/2019). La Ley 27360, entonces, no ha sido la panacea. Y si bien ahora la prórroga aumenta algo los salarios –pero mantiene el 15% de IR– de ninguna manera debe extenderse a todos los sectores de la economía. Sí a los incentivos a las “industrias nacientes”. Pero solo a “las nacientes” (la acuícola, por ejemplo) y no a las ya maduras como Camposol, Virú y Drokasa, muchas con préstamos en el exterior. Deberían “graduarse” y los incentivos quedar solo para los “chicos” y los nuevos entrantes. Finalmente, lo más importante pero que no se discute: su sostenibilidad a mediano y largo plazo. ¿Cuáles son los impactos en el medio ambiente y el uso del agua? ¿Y el impacto económico y social de estos nuevos latifundios en la inequidad en la distribución del ingreso lo que tendrá un impacto político? ¿Por qué a la mediana agricultura se le niega el acceso a las tierras “nuevas”? ¿Y por qué no se aplica aún la Ley 30355 del 2015 de apoyo a la pequeña agricultura, que produce el 70% de nuestros alimentos y concentra el 24% de la PEA? ¿Porque unos tienen más acceso al poder y otros no? No, pues. Volveremos sobre el tema. 1 Ver el detalle en liberalismo o mercantilismo, concentración de la tierra y poder político en el Perú: Fernando Eguren, Lorenzo Eguren y Francisco Durand, Cepes, Oxfam, 2018.