La Fiscalía solicitó 25 años de prisión para los tres generales y un comandante de la Policía Nacional en retiro que dirigieron el violento desalojo en la llamada “curva del diablo” y la ciudad de Bagua Grande, el 5 de junio del 2009, lo que causó la muerte de ocho personas y dejó heridas a otras 16.El caso denominado “Los Generales” es uno de los procesos pendientes del sangriento evento llamado “Baguazo”.Se trata de los exgenerales José Armando Sánchez Farfán, Luis Elías Muguruza Delgado, Javier Luis Uribe Altamirano y el comandante Luis Enrique del Carpio Sánchez. Otro acusado es el mayor PNP en retiro Yuri Efraín Coloma Pinillos.Según el dictamen del fiscal Segundo Balcázar Pérez, entregado el último martes al presidente de la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Bagua, los altos oficiales son autores de los delitos de homicidio simple y lesiones graves contra los civiles.Por eso el fiscal no solo pide 25 años de pena privativa de libertad para ellos, sino también el pago de una reparación civil de S/ 65.000.00 que deberán ser cancelados en forma solidaria con el Estado peruano, que ha sido incluido en la acusación fiscal como tercero civilmente responsable. De acuerdo con el fiscal, los oficiales estuvieron al mando del personal que causó la muerte de ocho personas y dejó con heridas graves y leves a otras 16 durante los violentos desalojos.Entre los casos más emblemáticos está el de la niña de siete años Leydi Montes Gonzales, quien fue alcanzada por una bala disparada por un policía cuando se encontraba jugando en la azotea de su casa ubicada en el centro de Bagua Grande. También fue herido el mototaxista Jhon Estela Martínez, a quien una bala disparada por otro policía le destrozó la pierna derecha. El líder indígena Santiago Manuín es otro de los afectados.❧el DatoEl 5 de junio del 2009, agentes especiales de la Policía, con apoyo militar, se enfrentaron a cientos de nativos que estaban atrincherados más de 50 días en la “curva del diablo” y otros lugares de Bagua para exigir al gobierno la eliminación de decretos que consideraban lesivos para las comunidades.
