Elenco estable

Embajadas de Perú en Latinoamérica ya tienen las alertas migratorias sobre investigados por corrupción.,La Superintendencia Nacional de Migraciones ha solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores la difusión internacional de las alertas migratorias de 45 personas investigadas por delitos de corrupción. El objetivo de esta iniciativa es que la cancillería comunique a las embajadas del Perú en por lo menos 8 países de A. Latina la situación de estas personas para que sus gestiones reduzcan la posibilidad de su ingreso ilegal a territorio extranjero o el abordaje de vuelos desde aeropuertos desde esos países. La lista incluye a cuatro expresidentes de la República, un exfiscal de la Nación, cinco altos funcionarios del sistema de justicia, una ex primera dama, una exalcaldesa de Lima, un exalcalde distrital, y otros jueces, abogados y empresarios. La mayoría de los casos en los que se encuentran involucrados los impedidos de salir del país se refieren a la corrupción brasileña y la red de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, revelada el año pasado por las escuchas legales conocidas como en los CNM audios. Siendo conveniente la difusión de esta lista y la alerta respectiva, para que no se repita un caso como el de la huida del exvocal supremo César Hinostroza, es paradójico que este pedido coincida con la resolución de la Corte Superior de Justicia de Tumbes que ordena la libertad de la trabajadora de Migraciones Yhenifferd Bustamante, quien cumplía prisión preventiva precisamente por ayudar a Hinostroza a salir del país. La revisión de la lista ofrece la visión de una compleja realidad judicial y política. Indica por un lado el grado de avance de los procesos judiciales contra la corrupción que, si bien no han progresado al punto de imputar penalmente a los principales involucrados, se encuentran en una fase en que los fiscales han realizado una labor aceptable de acopio de evidencias válidas. Por esa razón, la lista llama a la apremiante necesidad de concretar el acuerdo de colaboración entre el Perú y la empresa Odebrecht con el objetivo de recabar pruebas de valor procesal que impulsen los procesos contra la corrupción política, un propósito atacado ahora ya sin recato por los investigados, al punto de promover una pequeña marcha en Lima contra el acuerdo, coincidente también con la publicación de la lista de los 45. En lo político, la lista expone el alcance y la profundidad de la violación de la legalidad en el país. Considerando incluso el derecho a la presunción de inocencia de los investigados, es concluyente respecto al estado de la democracia y la necesidad de su renovación. No puede escapar a ninguna reflexión sobre el futuro de nuestro sistema político que un expresidente que no está incluido en la lista huyó del país y es objeto de un proceso de extradición, y que entre los otros incluidos en la lista se encuentra uno que debió renunciar bajo acusaciones de corrupción, que a otro le fue rechazado el pedido de asilo porque se demostró que no existe contra él persecución política, en tanto que a un tercero le concedieron un indulto fraudulento y está procesado por violación de DDHH.