Jueces afirman que estatuto de la Sala Penal Nacional genera inestabilidad

Conflicto en el Poder JudicialReclamo. Magistrados piden la intervención del pleno de la Corte Suprema de Justicia que respete su autonomía y competencia en el trámite de los casos más complejos, entre ellos los referidos a Lava Jato y Odebrecht en el Perú.,Richard Concepción Carhuancho no es ni era el único que discrepa del Estatuto de la Sala Penal Nacional. Lo mismo piensan todos los jueces de este sistema creado hace 20 años para juzgar los casos más peligrosos y complejos del país: terrorismo, crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos. La discrepancia se puso en evidencia en un manifiesto en que todos los jueces de la SPN, encabezados por su presidenta, la jueza superior Inés Villa Bonilla, remitieron a la Sala Plena de la Corte Suprema. PUEDES VER Selección de jueces de la Sala Penal Nacional se relizará en febrero Los magistrados piden que la Corte Suprema revise la resolución del Consejo Ejecutivo y no permita que se pierda la experiencia ganada por los jueces de la Sala Penal Nacional y se respete lo que dice la ley sobre la competencia. En el escrito, los jueces dicen que el estatuto no solo les resta competencia jurisdiccional, sino que al convocar a sus plazas a concurso público crea inestabilidad en el trámite de los casos vinculados a la corrupción de Odebrecht, en el que están implicados importantes funcionarios públicos. Además, dicen que afecta a los magistrados que tienen que resolver el caso Pativilca, es decir, los jueces que tienen que evaluar si la gracia presidencial otorgada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski al dictador Alberto Fujimori cumple con los requisitos que establece la ley. El caso Pativilca es uno de los procesos que se archivará con ese proceso de gracia. El desarrollo de este proceso está a cargo de uno de los tribunales de la Sala Penal Nacional, pendiente de ir a juicio público. El documento fue enviado al presidente del Poder Judicial y de la Sala Plena de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez. Los magistrados, liderados por su presidenta, Inés Villa Bonilla, piden la revisión del Estatuto aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. "Consideramos que la incorporación de reglas para determinar la competencia en una resolución administrativa colisiona con el principio de reserva de la ley y, por tanto, incurre en injerencia interna en la labor jurisdiccional de esta Sala Nacional", expresaron. Además, para los jueces, el nuevo estatuto contraviene el último párrafo del Artículo 3° de la ley 30077, sobre el Crimen Organizado. “Lo dispuesto en la citada Resolución no solo genera inestabilidad en el cargo de los señores magistrados que a la fecha integran la Sala Penal Nacional, sino que se pone en peligro la continuidad e institucionalidad de un subsistema que ha venido operando por más de veinte años en el procesamiento de delitos especialmente graves y complejos", manifestaron. Sobre la convocatoria a un concurso público para cubrir todas las plazas de jueces de la Sala Penal Nacional, consideraron que la medida es "discriminatoria". Explicaron que, por ejemplo, para el Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, no se convocará a un concurso público "por la naturaleza de su competencia". Los magistrados sostienen que un concurso solo para la Sala Penal Nacional "trasluce un tratamiento discriminatorio a sus magistrados, frente a los que integran el otro sistema especializado". Al convocarse a concurso público las plazas de la Sala Penal Nacional todos los jueces que hoy la integran volverán a sus plazas de origen y se pedirá toda la experiencia que ellos han reunido durante todos estos años. Caso Toledo Entre los jueces firmantes del documento también se encuentra Richard Concepción Carhuancho, quien estaba al tanto de las investigaciones en el caso Odebrecht la Sala Penal. Siguiendo el sentido del comunicado y lo ya resuelto por el juez Concepción Carhuancho, los magistrados Edita Condori, Rómulo Carcausto y Sonia Torre Muñoz, de la Primera Sala Penal de Apelaciones, rechazaron el pedido de la defensa del ex presidente Alejandro Toledo para apartarse del caso Odebrecht. El tribunal superior tomó esta decisión a pedido de la defensa del ex presidente Alejandro Toledo. Los abogados habían pedido el descongelamiento de las cuentas del prófugo ex mandatario y previo a ver este tema plantearon la declinatoria de competencia. Luego de evaluar el tema, los magistrados superior ratificaron su competencia para ver este caso. Los mismos jueces ya habían resuelto algo similar a mediados de año. Es de suponer que en los próximos días se irán resolviendo los otros casos, conforme los abogados defensores reclaman que se cumpla con lo establecido en el Estatuto. Al final, puede que sea la Corte Suprema, vía un recurso de casación, que resuelva toda esa controversia, entre la Sala Penal Nacional y el Sistema Anticorrupción. El juez se rectificará "Ni rebeliones ni desacatos". El presidente del Poder Judicial (PJ), Duberlí Rodríguez, pidió "no alimentar las desobediencias", tras indicar que no se deben dar armas para que se cuestione la validez de las decisiones que se tomen en la institución. "Eso más bien les hace un favor a los procesados, porque les va a dar un arma para cuestionar la validez de las decisiones que se tomen. Más bien hagamos las cosas con normalidad y los resultados serán mejores", dijo. El presidente del Poder Judicial ha respondido a las criticas dirigiendo sus respuestas al juez Richard Concepción Carhuancho con lo cual esconde que el reclamo no solo es de un magistrado. En el reclamo contra el Estatuto están todos los jueces de un sistema que en 20 años han sabido ganarse la confianza de la ciudadanía y que llevan los casos más complejos del país, no solo el tema de Odebrecht, sino de crimen organizado en el país. Anunciado concurso para jueces se realizará en febrero del 2018 - El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) acordó por unanimidad que el concurso público para la selección de jueces que integrarán la Sala Penal Nacional se realice en febrero del 2018. - Mediante un comunicado indicaron que “el señor presidente del Poder Judicial remitió a este consejo la resolución que aprueba el Estatuto de la Sala Penal Nacional, solicitando se convoque a concurso público de méritos catorce plazas de jueces superiores y quince plazas de jueces especializados penales”. - En el Pleno del CNM se aprobó programar la convocatoria a dichas plazas “conforme al cronograma aprobado de concursos públicos para el año 2018, incorporándolas en la convocatoria N° 003-2018-SN/CNM, cuyo plazo de inscripciones se encuentra previsto para febrero del próximo año”. - Indicaron que todos los que sean seleccionados formarán parte de la Sala Penal Nacional que “juzgará delitos de terrorismo y criminalidad organizada, entre otros”.