Tiburones en su salsa

Una cadena de ardides y omisiones.,El 24 de octubre, en una inspección de rutina, funcionarios del programa Qali Warma del Ministerio y Desarrollo Social (MIDIS) detectaron un lote de conservas de caballa con extrañas partículas presumiblemente parásitos. Los funcionarios del MIDIS paralizaron el lote en cuestión y dieron aviso al Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), dependiente del Ministerio de la Producción (PRODUCE). Por lo que se sabe hasta ahora, las conservas son producidas por la empresa china Tropical Food Manufacturing (Ningbo) y habrían sido comercializadas por empresas peruanas aparentemente “industriales” que, en lugar de producir sus marcas dirigida al consumidor final, se limitaban a colocar una etiqueta, de aquellas que ocultan precisamente información a los ciudadanos. A pesar de la gravedad del hecho, SANIPES omitió sus deberes. Por confesión, en casi un mes en poder de la información se limitó a lanzar una alerta internacional a China y notificó a las empresas peruanas importadoras de esos productos, hasta ahora no se sabe por qué vía y con qué grado de urgencia, para que retiren del mercado peruano las conservas provenientes de la citada empresa. Ni SANIPES ni el Ministerio de la Producción, u otro órgano del Estado, lanzaron una alerta pública, de modo que los productos contaminados se siguieron vendiendo semanas después de las conservas de caballa en salsa de tomate. Tampoco se ha mostrado un registro de la fiscalización que corresponde a una orden terminante del regulador, o comunicación a otros organismos como DIGESA e INDECOPI. De la información conocida, la orden de SANIPES fue un acto burocrático sin efectos prácticos. Al convertirse la noticia en escándalo, han llovido los comunicados sobre la leche derramada. El juego del gran bonetón está a la orden del día y aun así sorprende que, a más de 48 horas de la denuncia, el Congreso de la República no haya tomado cartas en el asunto. Es probable que esta delicadeza se deba a la cercanía de Fuerza Popular con el ministro de la Producción, entusiasta promotor del cogobierno PPK-fujimorismo, colaborador de Fuerza Popular en la tarea de descabezar el Tribunal Constitucional y operador del reciente cambio del etiquetado. Como en otras oportunidades se ha abierto un espacio de impunidad. Como lo ha recordado la Defensoría del Pueblo, es un delito la producción, importación y venta de alimentos contaminados, a la vez que se ha violado el Código de Protección y Defensa del Consumidor. En una maraña de organismos que a veces se superponen y compiten para la foto se tiene que nadie se responsabiliza por lo sucedido. No obstante, en una apreciación objetiva, saltan a la vista los problemas de certificación de los productos para el consumo, la legalidad de la “producción” de las etiquetas como reemplazo del producto, y la omisión de funciones de PRODUCE, MINSA e INDECOPI. Además, los peruanos merecemos una explicación de la industria nacional sobre estas prácticas que disminuyen el valor agregado a nuestro mar y que nos respondan varias preguntas como ¿cuándo los negocios se impusieron a la salud y a los peruanos?