Fiscal archivó caso contra Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez sin esperar respuesta de la DEA

El expediente del fujimorismoFalencias. Resolvió que la versión del testigo Jesús Francisco Vásquez sobre el presunto lavado de US$ 5 millones, que hizo Joaquín Ramírez para financiar campaña de Keiko Fujimori, no pudo comprobarse. La información la tenía la DEA, se la solicitó con un simple oficio, pero jamás la recibió. Procuradora Janet Briones apelará el caso para que prosiga.,Sin esperar la respuesta clave de la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que cuenta con el testimonio relevante del informante Jesús Francisco Vásquez sobre el origen del financiamiento de la campaña presidencial de Fuerza Popular en 2016, la fiscal de lavado de activos, Sara Vidal Vargas, archivó la investigación seguida a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, al ex secretario general fujimorista Joaquín Ramírez y a miembros de su familia. En un documento de 236 páginas –al que tuvo acceso La República–, en el que la fiscal Vidal hace un registro minucioso de las diligencias que hizo y de los pobres resultados que obtuvo, concluyó que al no haber conseguido determinar que Fujimori, Ramírez y el resto de investigados cometieron delitos, no es posible acusarlos de lavado de activos. PUEDES VER Joaquín Ramírez: Fiscalía archiva investigación por lavado de activos En la lógica de la fiscal, para denunciar penalmente a los sospechosos primero se debe probar, o reunir suficientes indicios, de un denominado “delito fuente”, o “delito precedente”, de cuya comisión fluyeron los fondos ilícitos que luego fueron “lavados”. La hipótesis del caso que indagó la fiscal Sara Vidal se basaba en las declaraciones del testigo de la DEA, Jesús Francisco Vásquez, quien alegó que Ramírez le relató que había entregado 5 millones de dólares a Keiko Fujimori para financiar la campaña presidencial 2016. El dinero presumiblemente provenía de las supuestas actividades ilícitas de Miguel Arévalo Ramírez. El nexo entre Joaquín Ramírez y Arévalo, de acuerdo con la misma versión, fue su tío Fidel Ramírez Prado, fundador de la Universidad Alas Peruanas. De modo que era primordial que la fiscal Vidal corroborara la manifestación de Vásquez, por lo que el 16 de febrero del 2016 solicitó a la DEA “información sobre si existen investigaciones contra Fidel Ramírez Prado, Maribel Ramírez Gallegos (hija del anterior), Rosa Castañeda Cubas (esposa de Joaquín Ramírez), Osías Ramírez Gamarra (hermano de Joaquín) y Joaquín Ramírez Gamarra; así como si Jesús Francisco Vásquez viene participando como testigo en dicha investigación”. Al día siguiente, 17 de mayo, escribió otro pedido a la DEA: “Remitir el audio y/o copia del mismo de la supuesta grabación a Joaquín Ramírez”. En ambos casos, la fiscal reportó que “nunca se recibió respuesta”. Investigación al paso Fuentes del Ministerio Público que conocen de la tramitación de la solicitud de información a organismos estatales, judiciales, fiscales y policiales de Estados Unidos señalaron que el conducto regular es la cooperación internacional, a la que aparentemente no recurrió la fiscal Sara Vidal, porque no lo consigna en su resolución. Pero las fuentes también dijeron que cualquiera sabe que cuando está en curso una investigación, en particular si se trata de casos donde existe el secretismo –como sucede con la DEA, el FBI, la CIA, la NSA, la ATF y otros–, las autoridades norteamericanas frecuentemente no suministran nada. La fiscal tampoco encontró nada que relacionara a Miguel Arévalo Ramírez con el narcotráfico. “Hemos recabado información sobre (Arévalo) y la investigación que se le siguió por tráfico ilícito de drogas, sin que se haya encontrado en dicha documentación información que vincule al investigado, su entorno familiar, empresarial o a la Universidad Alas Peruanas”, indicó la fiscal Sara Vidal. ¿Ni su entorno familiar? La fiscal Vidal debió solicitar información a su colega, el fiscal Luis Valdivia Calderón, quien acusó al alcalde de Tocache, David Bazán Hidalgo, por financiamiento del terrorismo y lavado de activos. David Bazán es primo hermano de Miguel Arévalo. El papá de Miguel Arévalo, Julio Arévalo, es hermano de la mamá de David Bazán, Socorro Ramírez. Así que la fiscal Vidal descartó al entorno familiar sin verificar que si existe al menos una persona vinculada con el lavado de activos del narcotráfico, el alcalde de Tocache ahora preso en el penal de Piedras Gordas. Por cierto, David Bazán apoyó la campaña presidencial de Keiko Fujimori y participó en actividades proselitistas del congresista fujimorista Rolando Reátegui. Pero la fiscal no vio nada. Tampoco vio nada en el caso de Keiko Fujimori. No obstante que no recibió el informe de la DEA, concluyó en lo siguiente: “No se ha encontrado vinculaciones de la investigada con actividades ilícitas como el delito de narcotráfico o delito tributario, siendo que el dicho esbozado (por el testigo de la DEA) en el sentido de que le habría entregado 15 millones de dólares a Joaquín Ramírez para que los lave, no se ha corroborado con ningún elemento, constituyendo solo una simple versión”. ¿Cómo pudo haber llegado a dicha conclusión la fiscal Vidal, si no tuvo acceso a la información en manos de la DEA? Se estima que la procuradora de Lavado de Activos, Janet Briones, apele la resolución que archiva el caso contra Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez y sus familiares. Datos Una de las conclusiones más sorprendentes de la fiscal Sara Vidal es que, como Keiko Fujimori no cuenta con ninguna propiedad inmobiliaria a su nombre, no es sospechosa del delito de lavado de activos. La fiscal pasa por alto una de las modalidades más comunes de los lavadores de activos, que es el usar a otras personas o empresas de fachada, por lo que debió indagar mucho más. El otro caso que involucra a Keiko Fujimori Con la decisión del fiscal José Pérez Gómez de investigar en el marco de las normas sobre Crimen Organizado a Keiko Fujimori y a su esposo Mark Vito Villanella por las aportaciones a las campañas presidenciales del fujimorismo en 2011 y 2016, el titular del Ministerio Público podrá efectuar pesquisas por 36 meses. Si continuaba en el marco del delito de Lavado de Activos, tenía un plazo de 8 meses y una renovación de hasta 32 meses. Por lo tanto, en dicho periodo, el fiscal José Pérez podrá conseguir con mayor rapidez la aplicación de medidas restrictivas, así como acciones, tales como incautaciones y allanamientos, además de requerir el inmediato levantamiento del secreto bancario, de comunicaciones, bursátil tributario y otras necesarias para las pesquisas. El especialista en Crimen Organizado Michael García Coronel señaló los alcances de la decisión del fiscal José Pérez: “Para que una investigación pase a los parámetros de la ley de Crimen Organizado es que el fiscal ha advertido que detrás de los hechos existe una organización. Uno puede tener conocimiento de un hecho ilícito, y luego, en el interín de la investigación, advierte que en esos hechos han intervenido personas que antes de la ejecución de los delitos se han reunido con la finalidad de delinquir”, explicó. “También puede ser que el fiscal ha advertido que ese grupo de personas se juntó lícitamente y en el camino cruzó la línea y comenzó a ejecutar delitos. Cuando el fiscal detecta la existencia de una organización, es preferible –para poder acreditar la existencia de esa organización– pasar la investigación dentro del marco de la ley de Crimen Organizado”, anotó Michael García. “El fiscal ha advertido que esa organización tiene una estructura grande y compleja y, por lo tanto, dada esa complejidad, es oportuno adecuar la investigación a la ley de crimen organizado, que le permite contar con un plazo de 36 meses para investigar, que puede ser ampliada a 72 meses”, apuntó el experto.