La lucha contra la impunidad en el sistema judicial

La eficacia de un sistema que administra justicia se mide por la consistencia entre sus atribuciones constitucionales y su práctica transparente y diligente. En el Perú, tras varios intentos de combate contra la corrupción, se planteó un organismo autónomo que pudiera ser independiente en sus decisiones para preservar al sistema de justicia libre de manipulaciones ajenas al Estado de Derecho.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) existe precisamente para que esa consistencia sea posible en el Perú.

Sin embargo, el dictamen de la Comisión de Evaluación y Ratificación de dicha institución sobre un magistrado, en este caso el juez Juan Varillas Solano, conocido por sus medidas cautelares exprés, prescinde de un dato relevante. Varillas lleva más de dos años suspendido desde 2015 y aparece vinculado a casos graves de corrupción como el de Orellana y Cuellos Blancos. Sorprendentemente, ambos antecedentes están ausentes del documento que determinará si continúa en el cargo.

La JNJ fue diseñada con autonomía constitucional para operar sin las presiones que volvieron ineficaces a los organismos que la precedieron. Esa autonomía impone una exigencia mayor, pues a diferencia de un órgano sometido a tutela política, el ente carece de excusas institucionales para la omisión. Por lo que lo que decida hacer con el expediente de Varillas trasciende el mero acto administrativo.

Si bien el caso Varillas es la expresión visible de un patrón de mayor alcance, no es el único en el país. El entramado que preserva la impunidad en el Perú se sostiene, en parte, en la opacidad de sus mecanismos de control.

La fiscalización de quienes administran justicia requiere que el organismo encargado de ejercerla opere con rigor en cada pronunciamiento que emite.

La JNJ tiene ante sí una ocasión concreta de demostrar que su mandato fundacional produce resultados verificables. Los peruanos que apostaron por ese ente como instrumento de saneamiento judicial merecen una respuesta a la altura del propósito que justifica su existencia. Lo que resuelva al respecto establecerá cuánto de ese propósito es respetado por quienes administran en nombre del Estado la justicia en la misma justicia. Y el Parlamento como la ciudadanía debe estar advertida de ello.