La decisión de la Fiscalía: entre la contradicción y el miedo, por Julissa Mantilla

La semana pasada escribí sobre el caso de la masacre de Soras en 1984 y cómo debido a la inaplicación de la Ley 32107 por parte de los magistrados, la defensa de los senderistas no había logrado cerrar el proceso. Esta semana, la Cuarta Fiscalía Penal Supranacional Especializada en Derechos Humanos, hizo todo lo contrario: aplicó la referida ley de impunidad y ordenó el archivamiento de la investigación sobre las esterilizaciones forzadas cometidas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Como se sabe, sobre estos casos existe un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana en el que el Perú reconoció su responsabilidad, un dictamen del Comité de la CEDAW a favor de las víctimas y la sentencia Ramos Durán de la Corte Interamericana condenando al Estado.

Ahora bien, lo que llama la atención es que, en la resolución de archivamiento, el Fiscal analiza los hechos y concluye que se configuraron los elementos del crimen de lesa humanidad. Sin embargo, dispone el archivamiento aplicando la ley 32107 aunque la propia Fiscalía General de la Nación presentó una demanda de inconstitucionalidad contra esa norma en el 2024.

Me pregunto qué llevó al fiscal al archivamiento y no puedo dejar de recordar la persecución que jueces y fiscales vienen sufriendo por parte de los promotores de la impunidad cuando deciden aplicar el control de convencionalidad. Mi teoría es que el temor a las represalias habría llevado a reconocer la existencia de crímenes de lesa humanidad, archivar el caso de modo que las víctimas impugnen y que sea otra fiscalía la que tenga que resolver el tema. No tengo pruebas, pero tampoco dudas.

En todo caso, lo que sí es claro es que más de 4000 mujeres fueron maltratadas una vez más, que las decisiones del Fiscal comprometen la responsabilidad internacional del Estado y que el Perú está en desacato ante la Corte Interamericana.

Las víctimas no se rendirán, pero este nuevo agravio era evitable si, sobre el miedo a las represalias, hubiera primado el compromiso con la justicia.