En defensa de las mujeres campesinas del Cusco

“¿Por qué se va a archivar nuestro caso? Porque somos campesinas”. Con esa pregunta y su propia respuesta, la presidenta de la Asociación de Mujeres Esterilizadas de Chumbivilcas, Margarita Rojas, resumió lo que siente ante el posible archivo definitivo de la investigación por las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Rojas tenía 24 años y dos hijos cuando fue sometida a una intervención con engaños. Según su testimonio, le ofrecían alimentos y otros apoyos mientras le repetían que, por ser campesina y no tener recursos suficientes, no podría garantizar la educación de sus hijos si aumentaba el tamaño de su familia. Ella nunca tuvo la intención de renunciar a la posibilidad de volver a ser madre, y las consecuencias de la intervención afectaron su vida familiar.

Esta semana, la Cuarta Fiscalía Penal Supranacional Especializada en Derechos Humanos admitió que esos hechos constituyen un delito de lesa humanidad. Sin embargo, archivó la investigación al aplicar la Ley 32107.

La norma que usó fue promovida por Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso cuando se aprobó y hoy senador, y respaldada en un hemiciclo dominado por el fujimorismo y sus aliados. Dicha ley pretende prescribir los delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2000. En este caso, las esterilizaciones ocurrieron entre 1996 y 2000.

La abogada de Derechos Humanos Sin Fronteras, Yudith Conto, sostuvo que el proceso enfrenta obstáculos por la aplicación de la denominada ley Rospigliosi y anuncia que la defensa recurrirá a los mecanismos legales disponibles para impugnar la decisión.

La respuesta de la señora Rojas describe con exactitud una brecha que las instituciones del país siguen tolerando. Una mujer campesina de Cusco entiende que el acceso a la justicia depende de quién eres y de dónde vives y eso es inaceptable en un Estado de Derecho.

Las más de cuatro mil víctimas identificadas en la investigación de mayor alcance, y las miles más que aún no han sido contadas, merecen un sistema que no les confirme esa sospecha.

Vale la pena recordar que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, a pesar de las trampas creadas por el régimen que hoy gobierna, siguen vigentes para el Derecho Internacional y que tarde o temprano deberán retomar el orden que han manipulado quienes quieren impunidad y no permitir que el país se encuentre.