El péndulo eterno y venenoso, por René Gastelumendi

Pocas instituciones resumen con tanta pornográfica claridad la degradación del debate político en el Perú como los debates por la delegación de facultades legislativas. Pensada en el artículo 104 de la Constitución como un pretendido trámite técnico y consensuado para dotar de agilidad al Estado, hoy no es más que el escenario predilecto de una farsa recurrente: el péndulo del chantaje y el deslinde de culpas, otra vez, entre el Ejecutivo y el Congreso.

Frente a la asfixia del desgobierno, el fujimorismo recurre al expediente de pedir facultades bajo el pretexto de una «emergencia nacional» y que le den la oportunidad de gobernar, de ejecutar su plan. Aquí, el filósofo italiano Giorgio Agamben nos advertiría que estamos presenciando la normalización del «estado de excepción». Para Agamben, los gobiernos contemporáneos ya no gobiernan mediante la ley ordinaria, sino declarando emergencias constantes que les permiten suspender las reglas regulares y emitir decretos (facultades). El Ejecutivo pide estas facultades no para implementar un plan, sino para justificar su poder operando fuera del marco normativo normal, usando la «seguridad ciudadana» como coartada para expandir su control.

En la otra orilla, el Legislativo ejecuta su propio número de cinismo. Las bancadas de oposición advierten sobre el riesgo de entregar un «cheque en blanco», pero terminan negociando un paquete mutilado y transaccional. La delegación no se calibra por el bienestar público, sino, en la mayoría de los casos, por el valor de cambio del voto: partidas presupuestales y blindajes. También, por supuesto, calculando las próximas elecciones, así estén a cinco años de distancia.

Este espectáculo transaccional es la confirmación del diagnóstico de otro filósofo, Michael Sandel. Las instituciones han sido colonizadas por una sociedad de mercado donde el debate sobre el «bien común» ha desaparecido. Los congresistas y ministros ya no deliberan sobre qué es lo justo o qué necesita la comunidad; operan como mercaderes donde el poder, las leyes y los blindajes se compran y se venden, destruyendo el tejido cívico y reduciendo la política a un negocio de ataques y contraataques.

Lo más grosero es la memoria selectiva de los actores. Quienes ayer censuraban o complejizaban la delegación de facultades hoy la exigen de rodillas y hasta amenazan con perder la paciencia, y quienes antes las exigían a carta cabal hoy «descubren» los peligros de la concentración del poder.

Esta es la prueba de que el Perú ha destruido lo que se conoce como agonismo democrático, concepto teorizado por la filósofa Chantal Mouffe. En una democracia sana, adversarios legítimos debaten proyectos opuestos respetando las reglas institucionales, reconociéndose como interlocutores válidos (agonismo). Sin embargo, la política peruana ha decaído más bien en un antagonismo perpetuo donde la ley se usa como un arma para aniquilar al otro o como moneda de cambio. El debate parlamentario ya no busca persuadir, sino extorsionar o sobrevivir.

El péndulo peruano no equilibra poderes ni afina políticas públicas: funciona como una máquina de eludir responsabilidades. Mientras ambos bandos juegan a pasarse la pelota de la incompetencia —gobernando por excepción, traficando con el país y aniquilando al adversario—, el país real asiste a lo que el filósofo Mario Bunge denunciaría como pura «charlatanería legislativa». Nos venden la ilusión pseudocientífica de creer que un decreto vacío, desprovisto de presupuesto real, logística y de sujetos capacitados, tiene la potencia mágica para transformar y resolver nuestras urgencias por el simple hecho de estar escrito en un papel. El país real sigue esperando leyes que respondan a sus urgencias.