El limbo electoral debe corregirse

Las democracias necesitan debates electorales porque son el espacio donde los ciudadanos pueden comparar propuestas, examinar a quienes aspiran a gobernarlos y tomar una decisión informada. Pero ese espacio solo cumple su función cuando quienes debaten son efectivamente candidatos a los cargos que se discuten. Un debate donde alguien participa sin tener sustento jurídico además de confundir al ciudadano, viola las reglas que deberían garantizar elecciones competitivas.

El JNE incluyó a Rafael López Aliaga en la lista oficial de participantes del debate municipal de Lima del 21 de septiembre como candidato a la alcaldía de la ciudad. El problema jurídico es doble. Si es candidato a primer regidor, como figura en la lista de Renovación Popular, no tiene sustento legal para debatir como postulante a alcalde porque jurídicamente no lo es. Y si fuera candidato a alcalde, el artículo 194 de la Constitución se lo prohíbe por ser reelección inmediata.

Hasta el cierre de esta edición, López Aliaga todavía no ha confirmado su participación. Pero que el propio organismo electoral lo haya convocado en esa condición revela que tampoco tiene claro qué es jurídicamente este candidato.

El artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que el primer regidor asume la alcaldía cuando el alcalde en ejercicio es vacado, suspendido o se ausenta durante la gestión. Ese supuesto aplica para un alcalde en funciones con un impedimento sobrevenido, no para un candidato a regidor que aspira a asumir la alcaldía después de ganar unas elecciones. Son situaciones jurídicamente distintas que el JNE en la práctica parece haber equiparado sin explicación.

Lo que ocurre en Lima tiene además decenas de casos similares en todo el país donde el mismo vacío jurídico podría producir el mismo problema.

El JNE tiene la obligación de pronunciarse antes del debate sobre dos preguntas concretas. Primera, con qué sustento jurídico un candidato a primer regidor participa en un debate como candidato a alcalde. Segunda, si una lista encabezada por un ex-alcalde como primer regidor puede recibir credenciales de alcaldía si gana.

Los ciudadanos de Lima van a las urnas sin saber exactamente a quién están eligiendo para gobernarlos. Esa incertidumbre la creó el JNE y debe ser el mismo órgano el responsable de resolverla antes del debate, no después de las elecciones. Permitir que quien abusa de las normas avance impunemente puede tener serias repercusiones para el futuro político del país.