La cosecha fujimorista en la educación peruana

La evaluación y la capacitación continua son aspectos fundamentales para construir la calidad en cualquier servicio público. Un docente que ingresa al sistema sin demostrar competencias pedagógicas perjudica a quienes dependen de su servicio y degrada la confianza ciudadana en las instituciones.

Por lo anterior, las reformas más exitosas del Estado peruano partieron del mismo principio: el mérito y la evaluación como condición de ingreso y, sobre todo, permanencia. La propia experiencia peruana demostró durante 2013 y 2016 que, si ese principio se respeta, los resultados mejoran. Pero, cuando se abandona por presión política, son los ciudadanos y el futuro del país los que pagan el precio.

La presidenta Keiko Fujimori y su ministro de Educación, José Antonio Chang, sostuvieron —con razón— que la educación peruana se encuentra “en crisis”. Tan solo la semana pasada, el Banco Mundial presentó los niveles de retroceso en el aprendizaje en el país. Sin embargo, lo que el Ejecutivo omite es que fue precisamente el bloque político que los representa el que contribuyó a producir ese resultado. Y sobre ello hay decisiones concretas y documentadas.

Al respecto, vale recordar que en 2024, el Congreso aprobó por insistencia con 92 votos la Ley 31996, que permitió el retorno a la Carrera Pública Magisterial de aproximadamente 14,000 docentes cesados por no aprobar las evaluaciones de mérito de la Reforma Magisterial de 2012. Contó con los votos de todo el bloque de Fuerza Popular. Dicha decisión fue considerada y reportada por esta casa editorial como golpe a la calidad educativa. Ahora se ve cómo esa decisión es parte de la cosecha que los resultados educativos actuales reflejan.

La reforma que el país necesita tiene un camino que ya tiene experiencias a emular, con meritocracia docente, evaluación continua y continuidad de políticas que trasciendan los ciclos políticos. Lo que el país necesita es que las decisiones de ahora en adelante vayan en esa dirección y no se persista desde la gestión pública en agotar recursos escasos en asuntos trasnochados como la presunta ideología que el titular del sector educativo ha afirmado que desterrará.