Los privilegios parlamentarios deben revisarse

Los gestores públicos necesitan condiciones laborales competitivas para atraer talento al servicio del Estado. Eso aplica para los médicos del sistema de salud, los jueces del Poder Judicial y también para los congresistas. Un parlamentario que legisla con rigor y fiscaliza con independencia merece una remuneración digna y beneficios que reconozcan la complejidad de su cargo. Hasta ahí, todo bien.

El problema está en cómo se aprueban esos beneficios. Cuando llegan a conocimiento público gracias a una investigación periodística y los propios congresistas dicen que los desconocen, algo en el diseño del sistema está mal. Se trata de un subsidio de hasta S/62,400 por el fallecimiento de un familiar directo, aprobado por un acuerdo de mesa directiva en 2009, que nunca pasó por debate en el Pleno.

El dato que más llama la atención es que los congresistas ya cuentan con un seguro privado de S/14,000 para gastos fúnebres, contratado por el propio Congreso. El subsidio es un pago adicional encima de esa cobertura.

Entre 2021 y 2026, 13 parlamentarios lo cobraron, con un desembolso total de S/655,200 del presupuesto del Parlamento. Y los beneficiarios han sido de varios partidos entre ellos, Fuerza Popular, actualmente con representación parlamentaria.

La senadora fujimorista Patricia Juárez dijo que son acuerdos de mesa que los propios congresistas desconocen. Esa respuesta dice más de lo que pretende. Si los parlamentarios desconocen los beneficios que cobran, el Pleno debe asumir el control de esas decisiones. Es tan simple como eso.

Y conviene poner esto en contexto. El Fenómeno El Niño avanza con pronóstico de magnitud extraordinaria. El sistema de salud llega a esa emergencia con los mismos problemas estructurales de antes de la pandemia. Pensión 65 sigue esperando el aumento prometido el 28 de julio. La PNP opera con el 40% de su parque automotor inoperativo. En ese sentido, cada sol que se destina a un beneficio que duplica una cobertura ya existente es un sol que el Estado deja de invertir en quienes más lo necesitan.

La Mesa Directiva del nuevo Congreso bicameral tiene la oportunidad de hacer algo concreto desde ya. Que todos los beneficios económicos de los parlamentarios sean aprobados por el Pleno en sesión pública. Y que los acuerdos de mesa directiva con impacto presupuestal sean sometidos a revisión.