Comiencen a gobernar

El 28 de julio, en su discurso inaugural, la presidenta Keiko Fujimori prometió emitir decretos de urgencia para financiar la lucha contra la criminalidad. Prometió, bajo este modelo, mil patrulleros inteligentes, diez mil cámaras interconectadas y la modernización de 200 comisarías a nivel nacional. Sin embargo, hasta el momento, lo único que ha hecho el Ejecutivo, respecto al combate contra la criminalidad, es declarar el estado de emergencia en Lima y Callao.

Cuando la prensa interpela a la presidenta o a cualquiera de sus ministros y legisladores de su bancada, la respuesta es que “es muy pronto” y que “esperan” que el Congreso no dilate el otorgamiento de facultades legislativas en materia de seguridad.

Pero omiten un gran detalle: los instrumentos para actuar existen. Los decretos de urgencia que habrían permitido actuar con celeridad sin pasar por el Parlamento siguen sin emitirse. Lo que falta es la decisión política de usarlos.

El caso del comandante general Óscar Arriola ilustra esa carencia gubernamental. El ministro del Interior, César Astudillo, dijo públicamente que no pueden removerlo por la Ley 31570. Lo usó de argumento de defensa, omitiendo que esa norma fue aprobada con respaldo fujimorista en el Congreso anterior.

Los decretos prometidos en el discurso inaugural no requieren aprobación del Congreso. Son potestad exclusiva del Ejecutivo. Pedir facultades al Parlamento para lo que ya puede hacer con instrumentos propios no es una estrategia de seguridad. Es una forma de trasladar la responsabilidad cuando los resultados no llegan.

151 homicidios en el primer mes de gobierno, 75,5 % con arma de fuego, el peor dato en nueve gestiones presidenciales. El general Arriola sigue en su cargo. Los decretos de urgencia siguen sin emitirse. Y el país sigue esperando que el Gobierno use las herramientas que ya tiene antes de pedir las que todavía no le han dado.

Mientras tanto, las leyes procrimen que el Congreso saliente aprobó siguen vigentes y nadie en el Gobierno las menciona. Menos mal existen iniciativas parlamentarias que ya están proponiendo derogaciones que medirán la responsabilidad del Gobierno desde su representación en el Senado.