
El primer conflicto social del segundo fujimorismo no estalló en la oposición ni en las regiones que siempre desconfiaron: estalló en Pucallpa, un bastión keikista donde la presidenta obtuvo el 53% de los votos en segunda vuelta. Ahí, donde la eligieron, comenzó la primera paralización de la nueva era. Y ahí quedó claro que la luna de miel gubernamental solo existe en los delirios de quien se preocupa más por la crema humectante que por las protestas.
El detonante fue el alza del combustible. En la Amazonía la gasolina ya era extremadamente cara —el diésel llegó a S/ 22 por galón en Pucallpa— y un incremento la vuelve simplemente prohibitiva. El precio subió, sí, por factores externos: la situación en Medio Oriente y la disputa por el control del estrecho de Ormuz, agravadas por un presidente de los Estados Unidos obstinado en demostraciones de poder y en frenar el unilateralismo chino a cómo dé lugar. Pero el factor externo no explica el abandono: explica el encarecimiento, no la desigualdad estructural que hace que en la selva un galón cueste tanto. El subsidio ofrecido —focalizado, del 15% al 20% del precio y por apenas tres meses— llega tarde, parcial y anunciado bajo la presión de la calle.
El conflicto ya dejó un muerto: un hombre con un ACV falleció mientras era trasladado en ambulancia, con el traslado obstaculizado por los bloqueos. Pero represión también hubo: la noche del 14 de agosto, cuando la policía acudió a Campo Verde a liberar la vía, el enfrentamiento terminó con heridos y detenidos. Nada de esto tuvo cobertura mediática suficiente. Y solo eso ya debe preocuparnos, porque anticipa el comportamiento de la prensa frente a los conflictos y movilizaciones que vendrán: el silencio. Debemos reforzarlo cuantas veces sea necesario: cuando el silencio lo ejercen quienes tendrían que ser la voz de la ciudadanía, ese silencio legitima la violencia desde el poder y garantiza la impunidad.
Esta semana también trajo movilizaciones en Ayacucho. El miércoles 19, convocadas por el FREDEPA, comerciantes, transportistas y trabajadores salieron a las calles de Huamanga contra el alza del combustible, pero también contra el sicariato y la extorsión. Mientras tanto, el premier Luis Galarreta dedicó ante el Congreso todo su primer eje de discurso a prometer que combatiría la extorsión. Por ahora, solo palabras.
El discurso de Galarreta tiene un tono de derrota anticipada. Reconoce haber recibido “un Estado que llega tarde al delito, llega tarde a las emergencias”, y lo revelador es esto: este es su gobierno solo en el papel; en la práctica, este poder ya gobernaba desde antes. Fujimori no recibe el Estado: lo continúa, ahora con banda presidencial. La cantidad de funcionarios reubicados o reciclados así lo confirma. Promete además un gobierno “abierto a escuchar y a conversar con todos”, mientras en Ucayali los gremios denuncian que el fin de la huelga se anunció de forma unilateral, sin dialogar con todas las organizaciones que sostenían la protesta.
Las protestas de Pucallpa y Ayacucho indican que la tregua que se le suele conceder a todo gobierno entrante no existe. Hay un país que salió a la calle en la tercera semana, y un poder que responde con subsidios tardíos, acuerdos firmados a espaldas de quienes protestan y una prensa que mira hacia otro lado. Ese es el patrón que hay que observar desde ahora, porque es el que probablemente va a repetirse.





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