Los abusos hacia las niñas indígenas debe ser una prioridad nacional, por Cynthia Cienfuegos

Mientras el domingo la atención estaba puesta en la final de la Copa del Mundo, desde Condorcanqui, en la región Amazonas, llegaba una noticia grave y un pedido de urgencia: una niña awajún de seis años, de la comunidad de Pantam Entsa, en el distrito de El Cenepa, había sido abusada sexualmente y estaba perdiendo mucha sangre. El puesto de salud local no contaba con un banco de sangre. Se necesitaba un traslado urgente y humanitario. ¿El presunto agresor? El padrastro.

Lo que ha pasado con esta niña no es un hecho aislado. Forma parte de una agresión y vulneración sistémica a los derechos de las niñas, los niños y adolescentes de las comunidades indígenas de la provincia de Condorcanqui. Algunos datos. Las niñas son violentadas por personas de su entorno más cercano: principalmente docentes y familiares. También se enfrentan a un sistema de justicia que responde con encubrimientos, demoras e impunidad para los responsables. Las víctimas y familiares muchas veces no pueden acceder a un servicio de salud de calidad: ni en lo físico ni en lo emocional. Y a ello agreguemos la distancia geográfica, la lengua, las características culturales, y la pobreza que atraviesan las comunidades. Hablamos, por lo tanto, de una población altamente vulnerable y de un Estado históricamente ausente. Mientras esto pasa, el Congreso de la República, liderado por la bancada de Renovación Popular y por la congresista Milagros Jauregui, eliminó la Educación Sexual Integral y el enfoque de género (Ley 32535), herramientas fundamentales para que las niñas, los niños y la comunidad educativa identifiquen situaciones de violencia y puedan prevenirlas y denunciarlas.

Pero en medio de la tragedia, este caso nos deja algunas lecciones que salvan vidas. La más importante es el rol de las mujeres indígenas organizadas, que hicieron eco para que un hecho de abuso dentro del entorno familiar no quede en el silencio y tenga un alcance nacional. Fue el Consejo de Mujeres Awajún Wampis (Comuawuy) el que informó y denunció este abuso en redes sociales, logrando una respuesta rápida de las autoridades. En estos tiempos, donde la sociedad civil es estigmatizada, las voces organizadas de las mujeres siguen siendo clave. En muchas zonas, sobre todo rurales, las organizaciones de base, las rondas campesinas o los frentes de defensa son la primera línea de atención frente a los casos de violencia. Necesitan capacitación, herramientas, recursos y coordinación permanente con la justicia ordinaria para un trabajo articulado, con enfoque intercultural y de derechos humanos.

El caso de esta niña no ha pasado al olvido gracias a la acción ciudadana y comunitaria. Pero hay cientos de casos más esperando por justicia. No puede haber democracia en un país que abandona y vulnera a sus infancias.