El método, por Eliana Carlín

Si bien el texto que está circulando sobre el pedido de facultades legislativas por parte del Ejecutivo no es la versión final, sí nos da algunas luces sobre lo que viene. El uso de los estados de emergencia para militarizar la seguridad, así como para eliminar controles en los trámites para contrataciones y obras, y el atentado contra los derechos laborales son medidas esperables del segundo fujimorismo.

En cuanto al discurso del 28 de julio de la gobernante, algunas propuestas tachadas de populistas durante la campaña fueron rescatadas, probablemente bajo el supuesto de que este pedido no será aprobado en la Cámara de Diputados; es decir, se anuncian sabiendo que no habrá que ejecutarlas. El anuncio del incremento del sueldo mínimo a 1.300 soles no ha sido bien recibido por el sector empresarial, aunque técnicamente es una medida plausible y que fue propuesta por Juntos por el Perú, y fuertemente criticada por la entonces candidata Fujimori.

Esta inconsistencia entre el discurso y los hechos políticos ha sido una estrategia común de Fuerza Popular durante todo el período congresal 2021-2026. Por ejemplo, una norma que destruía la reforma universitaria era denominada "Ley para fortalecer la calidad y autonomía universitaria"; las leyes que favorecían a las AFP eran denominadas convenientemente como si hicieran todo lo contrario: favorecer a la ciudadanía; las leyes que favorecieron al crimen organizado tuvieron nombres vinculados a la mejora de la seguridad. Con esa misma lógica veremos ahora si, tras un discurso que señala que respetará los derechos laborales, vendrá un shock antitrabajador, como es de esperarse.

Fuerza Popular llega al poder con cuatro campañas de preparación y sin cuadros, con un gabinete forzado que delata más la influencia de Luis Galarreta que un proyecto de país. Pero la distancia entre lo que este gobierno dice y lo que hará ya la conocemos: la aprendimos ley por ley durante cinco años. Esa memoria es nuestra primera herramienta. La segunda será la articulación —con organizaciones, con gobiernos locales— para exigir las políticas basadas en evidencia que el discurso promete y que los hechos, si no vigilamos, negarán.