El asedio al sistema de justicia se acelera antes del 28 de julio

Lo que está ocurriendo en las semanas previas al cambio de gobierno no es una coincidencia de hechos aislados, sino la aceleración de un patrón que este diario ha documentado a lo largo de meses. La Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía y el Poder Judicial están siendo intervenidos, presionados o desmantelados de manera sistemática antes de que Keiko Fujimori asuma el 28 de julio, y cada pieza encaja con las demás con una precisión que resulta difícil atribuir al azar.

En la Fiscalía, la fiscal de la Nación elegida, Delia Espinoza, permanece suspendida e inhabilitada, con tal vehemencia que ha llevado a perseguirla creando una ley que crea un colegio improductivo para el país como el de artistas para meter de contrabando prohibiciones para que ella ejerza un cargo en el Colegio de Abogados de Lima. Y el fiscal adjunto supremo Edward Casaverde imputa ahora a Gustavo Gorriti, el periodista que más de cerca cubrió ese caso, revirtiendo sin hechos nuevos un archivo que él mismo dictó en diciembre de 2025.

En el Poder Judicial, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema enfrenta proceso disciplinario de la JNJ por haber aplicado el control de convencionalidad en casos de derechos humanos. El juez Richard Concepción Carhuancho fue suspendido. El juez Oswaldo Ordóñez fue destituido. Jhonny Contreras renunció a la presidencia de la Corte Penal Nacional bajo presión de la JNJ. Y la propia JNJ debate investigar a todo el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a partir de una denuncia de un congresista de Renovación Popular, cuyo líder ha sido beneficiado contra la propia jurisprudencia del JNE y el TC, para que renuncie a su cargo como senador y pueda postular de contrabando a la alcaldía de Lima.

En el Congreso saliente, la Comisión Permanente aprobó en sus últimas sesiones la Ley 32107 para prescribir crímenes del conflicto armado, una ley de fuero militar que traslada delitos de policías y militares al ámbito castrense, y una definición de lesa humanidad con estándares más exigentes que los del Estatuto de Roma.

Estas fiestas patrias, la señora Keiko Fujimori recibirá un sistema de justicia donde los fiscales y jueces que investigaron a su partido han sido removidos, sancionados o imputados, y donde las leyes que podrían protegerlos de nuevos procesamientos ya están aprobadas. Llamar a eso coincidencia sería subestimar la inteligencia de los peruanos.