Fiscalía criminaliza el periodismo de investigación

La protección de las fuentes es un principio central del ejercicio periodístico. Un periodista que revela la identidad de quien le entrega información pone en riesgo no solo a esa fuente sino a la posibilidad misma de que la prensa investigue el poder. Por eso el secreto profesional está reconocido como garantía de la libertad de expresión y no como un privilegio personal del periodista.

El fiscal adjunto supremo Edward Casaverde imputa al periodista Gustavo Gorriti el delito de cohecho activo específico. Sostiene que Gorriti dirigió la investigación del Caso Cocteles a partir de su relación con los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, que tuvo como principal imputada a la presidenta electa Keiko Fujimori. La imputación llega precisamente cuando el fujimorismo está a puertas de asumir el gobierno.

El giro de Casaverde se enmarca en un patrón más amplio. En diciembre de 2025, el propio fiscal archivó este caso porque concluyó que los hechos carecían de relevancia penal. Ahora cambia de criterio sin exponer un solo hecho nuevo que lo justifique, en el mismo periodo en que otras instituciones de justicia revisan posiciones que antes protegían la investigación de posibles delitos de líderes políticos.

La imputación se sostiene en declaraciones de Jaime Villanueva, ex asesor de la fiscal Patricia Benavides, que el propio Ministerio Público descartó por falta de corroboración en otros casos. Sobre Gorriti tampoco existe evidencia que acredite entregas, ofrecimientos o promesas concretas. El informe convierte especulaciones en presuntas pruebas.

Criminalizar la relación de un periodista con sus fuentes equivale a criminalizar el periodismo de investigación mismo. Si existió una filtración de información reservada, la responsabilidad recae en quien filtra y no en quien recibe y procesa la información con fines periodísticos.

El periodismo de investigación resulta sistemáticamente perseguido por quienes, en lugar de rendir cuentas ante la justicia, prefieren silenciar a quienes documentan sus actos. Esa lógica amenaza a la prensa libre y, sobre todo, a la libertad de expresión de cualquier ciudadano como condición de la democracia. Esta casa editorial se suma al pedido del gremio periodístico que insta al Ministerio Público a desestimar las conclusiones del informe Casaverde respecto de Gustavo Gorriti y a investigar el patrón de reversiones institucionales antes que a quienes las denuncian.