El voto de los peruanos en el extranjero, por Diego García-Sayán

Toda democracia necesita una ciudadanía vigilante y participativa, y autoridades sometidas al escrutinio público. La crítica fortalece las instituciones cuando se ejerce con rigor; las debilita cuando sustituye el análisis por la búsqueda apresurada de culpables. Cuando es crítica sin sustento y, además, frontal, pierde razón de ser.

Es cierto que se han presentado algunas dificultades en el registro del voto de los peruanos residentes en el exterior. Son asuntos puntuales que merecen ser examinados con rigor y seriedad. Por ello, es perfectamente legítimo preguntarse qué pudo hacerse mejor y qué ajustes conviene introducir para el futuro. Lo que no resulta legítimo es convertir esas dificultades, por sí solas, en una imputación personal contra el canciller y el servicio exterior.

Dadas las sólidas y dinámicas interacciones con las comunidades peruanas en el resto del mundo, nada más lógico que hacer todo lo necesario para garantizar el ejercicio del derecho a la participación política, como lo establecen las leyes vigentes. La comunidad peruana en el exterior es parte dinámica del Perú. Así lo recoge la II Encuesta Mundial a la Comunidad Peruana en el Exterior, realizada por el INEI en 2022.

Por ejemplo, las remesas de la comunidad peruana en el exterior constituyen una viva expresión del sostenimiento del vínculo familiar. De acuerdo con la información disponible en el BCR, estas remesas crecen de manera sostenida y, en 2025, alcanzaron un nuevo máximo histórico: más de US$5.300 millones.

Esa articulación con el Perú es, si se quiere, una razón adicional para ir afinando y mejorando los sistemas de participación política en los eventos electorales, a fin de proporcionar, para este propósito, más recursos a las instituciones consulares.

Aumento de la participación

Una variable a considerar es el saludable ascenso gradual de la participación de votantes en el extranjero desde que este derecho se habilitó en 1980.

Pero en ello no se puede soslayar que la organización del sufragio fuera del país constituye una de las tareas más complejas que enfrenta el Estado. Intervienen diversas instituciones y competencias, y las dificultades logísticas no son pocas. Reducir toda esa complejidad es materia en la que se debe seguir trabajando, pero sabiendo, desde ya, que las grandes metas y procedimientos están claros.

Hasta donde se conoce, no existe hecho alguno que permita sostener que la Cancillería o el canciller hayan actuado con negligencia, impulsado o tolerado alguna irregularidad, o que hayan admitido conductas incompatibles con sus deberes. La Cancillería, en general, obra con profesionalismo, diligencia y sentido institucional, a pesar de las limitaciones en varios consulados dadas las restricciones presupuestales.

Perfeccionar procedimientos

Si existen procedimientos que perfeccionar, deberán perfeccionarse. Se puede preferir, por ejemplo, la transmisión electrónica de datos sobre las valijas diplomáticas. Pero mejorar un sistema exige identificar con precisión las causas de los problemas, no construir responsabilidades cuando no han sido demostradas.

Las democracias no se debilitan per se porque existan dificultades. Se debilitan cuando dejan de distinguir entre los problemas y las responsabilidades. La responsabilidad pública, así, no puede presumirse: debe demostrarse.

Y cuando no existen pruebas de una conducta reprochable, también forma parte del deber democrático reconocer el trabajo bien hecho. Todo indica que el canciller y su institución han cumplido con su deber. Lo responsable ahora es permitirle continuar desempeñando su función con la serenidad que el país necesita y estar atentos a la transición política que ha de ocurrir este mismo año.