Una suspensión con destinatario

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia acordó el lunes suspender preventivamente por seis meses al juez Richard Concepción Carhuancho. La decisión se tomó por mayoría, con el voto dirimente del vicepresidente del organismo, Víctor Chanduví, y el acta del acuerdo llegó a la prensa antes de que el magistrado recibiera notificación formal alguna. Ese detalle, aparentemente procesal, revela el espíritu de la medida: la suspensión se ejecutó para ser vista.

El cargo central contra el juez consiste en haber adelantado opinión al incluir la imagen de Nicanor Boluarte en una diapositiva durante una exposición académica sobre prisión preventiva. A ese cargo se suma el haber dictado clases en un instituto privado y haber interpretado la canción 'Triciclo Perú' en un evento jurídico, conducta que la JNJ considera lesiva para la imagen del Poder Judicial. Ante ello, la defensa calificó la medida de desproporcionada y señaló que la ley exige razones graves para apartar a un juez de su cargo. La desproporción entre los cargos y la sanción es, precisamente, el punto político de la decisión.

Carhuancho es el magistrado más emblemático del sistema anticorrupción peruano. Fue uno de los jueces del proceso contra Keiko Fujimori por lavado de activos. Vale recordar que, en octubre de 2018, dictó su primera prisión preventiva por 36 meses.

Lo que ocurre con su suspensión es que, desde ahora, queda apartado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, el tribunal que ve los principales procesos por corrupción y lavado de activos, incluidos casos contra líderes del pacto de gobierno que controla el Ejecutivo y el Congreso.

La decisión se adoptó tres días después de la segunda vuelta electoral, con el conteo oficial de la ONPE aún en curso y con la posibilidad, aún por oficializarse, de que la próxima mandataria sea la señora Fujimori.

No en vano, la virtual senadora de Ahora Nación, Mirtha Vásquez, consignó que "es un hecho sintomático ante la posible llegada de un gobierno acusado de cooptar estas instituciones". El contexto convierte el procedimiento disciplinario en una señal política de primer orden.

Hace un mes, el presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, pidió públicamente "barrer" del Poder Judicial a los magistrados que defienden su independencia. Cuando el titular del Legislativo enuncia ese objetivo y, semanas después, la JNJ actúa en esa dirección, el expediente disciplinario adquiere el carácter de ejecución de una agenda declarada. La institucionalidad peruana enfrenta entonces la pregunta subsecuente: hasta dónde llegará "el procedimiento" y cuándo empezará la operación.