La descentralización educativa pendiente, por Misión Educación

El Perú atraviesa una prolongada crisis de representación política e institucionalidad. En este contexto, la educación nos plantea una pregunta fundamental: ¿cómo construimos capacidades colectivas para enfrentar los desafíos del país y ampliar las oportunidades de las nuevas generaciones?

Durante las últimas dos décadas, la descentralización educativa transfirió responsabilidades y recursos a los gobiernos regionales. Incluso en medio de la crisis política, el gasto educativo y la inversión pública continuaron creciendo. Los gobiernos subnacionales han asumido un papel central en la ejecución de estos recursos. Sin embargo, los avances en los aprendizajes siguen siendo insuficientes y persisten profundas brechas educativas.

Esto demuestra que el desafío actual ya no es únicamente financiero ni administrativo. La primera generación de la descentralización estuvo orientada a transferir funciones, presupuestos y servicios. No obstante, persisten limitaciones institucionales y de articulación territorial que dificultan convertir ese esfuerzo en mejores resultados para los estudiantes.

La educación ocurre en las instituciones educativas, pero también en la comunidad y en diversos espacios de la vida social. Por ello, los resultados dependen también de la acción de las familias, los gobiernos locales, los servicios de salud, los programas sociales y las organizaciones comunitarias. En ese sentido, problemas como la pobreza, la violencia, la anemia o el abandono escolar exigen respuestas articuladas y coordinadas desde el territorio.

Por ello, la descentralización educativa pendiente consiste en construir una verdadera gobernanza territorial de la educación: una capacidad efectiva para articular actores, recursos y esfuerzos en torno a un propósito común: garantizar trayectorias educativas exitosas para todas y todos. En un país tan diverso como el Perú, educar desde los territorios también significa fortalecer la democracia y construir un futuro compartido.

En el escenario postelectoral, esta tarea pendiente interpela directamente a las nuevas autoridades. Impulsar una segunda generación de la descentralización educativa —centrada en la articulación, la gestión territorial y la construcción de capacidades institucionales— debería formar parte de las prioridades de gobierno. Solo así será posible traducir el esfuerzo sostenido de inversión pública en mejores oportunidades de aprendizaje, inclusión y desarrollo para todos los peruanos.

José Luis Calle
Director ejecutivo de CIPCA