El Estado que el pacto deja

El Perú tiene hoy 9.1% de empleo público sobre el total del empleo, según datos de ILOSTAT-OIT 2024-2025 publicados por la Escuela de Gobierno de la PUCP. Es casi idéntico al 9.6% de Chile. Esa similitud revela con claridad el problema real: el Perú no tiene un Estado demasiado grande. Tiene un Estado capturado. Y esa captura tuvo una estrategia deliberada que conviene nombrar con precisión en la semana en que el país decide su próximo presidente.

Primero vino el lenguaje. Llamar ‘caviar’ a quien defiende instituciones, méritos y procedimientos sobre la arbitrariedad del poder fue una operación política calculada para deslegitimar al servidor público técnico e independiente antes de reemplazarlo. Pedro Castillo, en claro eco con el presidente de Perú Libre y hoy prófugo Vladimir Cerron la usó para justificar sus propias intromisiones en el Estado.

Tras el intento de golpe de Castillo, el pacto corrupto comandado por el fujimorismo la perfeccionó y la convirtió en cobertura para la captura sistemática de las instituciones.

Con esa maquinaria aprobaron leyes que boicotearon, por ejemplo, el sistema meritocrático de SERVIR, se crearon regímenes especiales para la colocación discrecional de personal y se ocuparon rotativamente los organismos reguladores con funcionarios de redes políticas. Todo mientras se acusaba de ‘caviar’ a quienes señalaban el daño.

El resultado es un Estado donde las reglas se administran según conveniencia, no según mérito. La experiencia chilena nos cuenta cómo construyó durante décadas un servicio civil independiente con carrera y salarios competitivos. Sus reguladores, mal que bien, regulan. Eso no es elitismo. Es exactamente el Estado fuerte que el presidente del BCR Julio Velarde identificó esta semana como condición del desarrollo del país.

El Día del Servidor Público Peruano es la ocasión para reafirmar que quienes trabajan en el Estado con vocación, preparación e independencia deberían ser la columna vertebral del país que el Perú necesita construir. Recuperar ese Estado capturado empieza por reconocer que defenderlo nunca fue un privilegio de pocos. Fue siempre una responsabilidad de todos. Y es la primera obligación del gobierno que el Perú elija el 7 de junio, y de la ciudadanía para ejercer si derecho a rendición de cuentas por parte de las autoridades que elija.