El Perú necesita propuestas responsables

El próximo gobierno recibirá unas finanzas públicas mucho más estrechas. Esa es la advertencia que ha puesto sobre la mesa el Consejo Fiscal, y parece ser que los candidatos aún no dimensionan el problema. Toca a los ciudadanos hacerlos para elegir con mayor responsabilidad.

De acuerdo con este órgano autónomo, entre 2006 y 2021, el ritmo de aprobación de leyes con impacto fiscal adverso ya mostraba una tendencia preocupante. Sin embargo, el salto registrado en el actual periodo parlamentario resulta especialmente preocupante. En los últimos cinco años, el Congreso ha acumulado 268 leyes con impacto fiscal adverso.

Para muestra, un botón. En 2021 se aprobaron 4 leyes; en 2022 fueron 44; en 2023 ascendieron a 45; en 2024 llegaron a 72; y en 2025 alcanzaron 84, el mayor nivel de toda la serie observada desde 2006. Para 2026 ya se registran 16 iniciativas adicionales, y sigue el conteo.

La gravedad aumenta cuando se observa la naturaleza de estas decisiones. De esas 268 leyes, 63 tienen costo fiscal anual permanente. Y el costo agregado estimado alcanza S/ 36,7 mil millones, equivalente a 1,9% del PBI.

El deterioro también aparece con nitidez en la evolución de la deuda pública neta. Durante el último quinquenio, la deuda neta mantuvo una trayectoria ascendente. llegando en 2025 a 22,8% del PBI.

Ese incremento se vuelve aún más preocupante cuando se observa la caída de los activos financieros del sector público. En 2021 equivalían a 13,9% del PBI. En 2025 cayeron a 7,4% del PBI, su nivel más bajo registrado históricamente. El país, por tanto, enfrenta mayores obligaciones con menos colchón financiero.

El deterioro actual lleva la marca de un pacto de intereses que desde el Congreso ha utilizado el Estado como caja chica de cupos políticos. En lugar de ordenar prioridades nacionales, buena parte del Parlamento ha convertido el presupuesto público en un instrumento de rentabilidad inmediata.

Por eso la advertencia del Consejo Fiscal adquiere pleno sentido electoral. Cada candidato está obligado a presentar propuestas con sustento real, indicando cuánto cuesta, la prioridad de los gastos y la fuente de los mismos. Esa claridad constituye hoy la primera prueba de seriedad política.

La próxima campaña debe reemplazar la grandilocuencia demagógica por realismo y responsabilidad de Estado. Y si no lo hacen quienes pretenden gobernar con voto popular, los ciudadanos deben exigir propuestas responsables sabiendo que el siguiente gobierno administrará recursos limitados porque heredará el peso de años en que el Congreso convirtió el presupuesto público en un espacio de botín a desfalcar.