El Senado tiene una obligación: consensuar para salvar al país

El Perú ingresa a una nueva etapa institucional en el que la Cámara Alta parlamentaria tendrá poderes superiores al de la Presidencia. Sin embargo, tras los comicios generales realizados el 12 de abril, los conteos finales aun por finalizar, advierten que el próximo Senado será un espacio sin mayorías y, ante la gran crisis institucional del Estado, tendrá importantes responsabilidades.

No obstante, la fragmentación política no es, por sí misma, una garantía de deliberación democrática. Puede ser, por el contrario, la antesala de la parálisis o del intercambio oportunista, tal y como se ha desarrollado el pacto corrupto en el Legislativo estos últimos cinco años, si no se construyen acuerdos que piensen en el país y sus ciudadanos.

Las principales fuerzas que alcanzarían un escaño, por sí solos, carecen de la fuerza suficiente para imponer una agenda propia.

Pero, el problema se agrava más al saber que el país enfrenta una situación fiscal cada vez más frágil. La deuda pública neta ha crecido de manera significativa en los últimos años y, más preocupante aún, el propio Congreso ha aprobado normas con un alto costo fiscal sin garantizar su sostenibilidad. Solo en marzo, de acuerdo con el Consejo Fiscal, las leyes aprobadas han comprometido miles de millones de soles anuales.

Por eso es de vital importancia que los virtuales senadores electos sepan que su acción no puede insistir en repartos precarios solo pensando en el corto plazo. Construir consensos responsables implica, en primer lugar, reconocer los límites fiscales del país y legislar en función de ellos. Implica también priorizar reformas que fortalezcan la institucionalidad, en lugar de debilitarla con medidas populistas, por ejemplo, impulsando la derogación de las leyes procrimen.

El Perú necesita legisladores que entiendan de una vez por todas la magnitud del momento. La combinación de fragmentación política y deterioro fiscales especialmente peligrosa: limita de por si la capacidad de acción del Estado y amplifica sus errores. Si el Senado reproduce las prácticas que han llevado al país a esta situación, no será un contrapeso, sino un acelerador de la crisis.