Otra vez el voto, por Cynthia Cienfuegos

Durante la jornada electoral 2026, celebrada el pasado 12 y 13 de abril, el voto popular estuvo nuevamente en el centro del debate. Una grave e inadmisible falla logística por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) alteró el curso del proceso en Lima Sur, y con ello, el curso y la percepción de los comicios a nivel nacional. El malestar ciudadano generalizado no es para menos. Estas elecciones son sumamente frágiles y complejas, porque se desarrollan en un contexto de desconfianza histórica hacia las instituciones; con reglas de juego que han sido acomodadas a conveniencia por una coalición política; porque algunos grupos políticos ya venían debilitando la credibilidad de los organismos electorales; y porque está latente un discurso de fraude esperando a ser activado. En un panorama crítico, el cuidado para resguardar la legitimidad de las elecciones y el derecho al voto debió ser extremo. Por otro lado, es casi imposible hablar de lo sucedido sin hacer referencia a las elecciones de 2021, período donde la confianza electoral se dinamitó. Aquí también se vulneró el derecho al voto. La diferencia es que, mientras en 2026 hubo una presión y respuesta inmediata para que los más de 50.000 ciudadanos de Lima Sur, que se quedaron sin votar el 12 de abril, puedan hacerlo al día siguiente, en el proceso electoral de 2021 un partido político, avalado por un sector de la derecha limeña, trató de impugnar más de 200.000 votos del sur andino, específicamente de los territorios rurales donde Pedro Castillo había tenido una victoria contundente. El Perú fragmentado volvió a notarse, y la herida se volvió a abrir.

Si bien las autoridades electorales y las misiones de observación electoral, nacional e internacional, descartaron alguna irregularidad, este hecho construyó un precedente nefasto para la democracia, que hoy, cinco años después, vuelve a tomar espacio. No solo fue un tema técnico. Aquí salió a flote el desconocimiento del Perú y se observó con claridad la distancia entre lo urbano y lo rural; entre Lima y las regiones. El centralismo nunca había estado tan presente, y la narrativa de fraude se posicionó, porque “no era posible que en el sur se vote tan mal”. Lo grave es que este hecho minimizó la decisión de voto de miles de electores en zonas que, precisamente, han sido y son históricamente olvidadas y excluidas. Se maltrató al ciudadano rural porque votó diferente. Muchos votantes afectados exigieron disculpas que nunca llegaron, y la prensa tradicional optó por el silencio. La discriminación atravesó todo nuestro país en un momento crucial, y lo sigue haciendo hasta la fecha.

El derecho al voto, en igualdad de condiciones y sin distinciones, es una prioridad. De lo contrario, solo se convierte en un privilegio para algunos. Debido a las desigualdades estructurales, algunos grupos políticos siguen ponderando qué votos pueden valer más que otros. Hoy es una responsabilidad de la ciudadanía, de los medios de comunicación y de las instituciones que trabajan a favor de la democracia estar vigilantes para que ese derecho —antes, durante y después de las elecciones— se garantice. Es una deuda aún pendiente.