La agonía del pacto corrupto

Durante los últimos años, el país ha sido testigo de la consolidación de una alianza política cuya única razón de ser fue el control del aparato estatal para fines particulares. No hubo programa común ni visión compartida de país. Lo que operó fue una coordinación eficaz entre agrupaciones como Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Somos Perú, Perú Libre y Avanza País, que encontraron en el reparto de cuotas de poder un mecanismo de supervivencia y beneficio. El objetivo no fue gobernar, sino capturar.

El Congreso se convirtió en el epicentro de esa lógica. Desde allí se impulsaron decisiones orientadas a debilitar los contrapesos democráticos, copar instituciones clave y asegurar protección frente a eventuales responsabilidades. La justicia fue objeto de disputa constante, mientras organismos constitucionales quedaron subordinados a intereses políticos inmediatos.

En ese contexto, la ciudadanía ha comenzado a marcar distancia. Los peruanos han logrado rechazar a la mayoría de estas organizaciones políticas que utilizaron las instituciones en desmedro del interés público, y se verifica con que no hayan pasado la valla electoral.

Sin embargo, el escenario aún dista de estar resuelto. Persisten remanentes de esa lógica que han conseguido sostener una mayoría parlamentaria desde la cual buscarán prolongar su influencia. Fuerza Popular y Renovación Popular, junto con algunos vestigios en Juntos por el Perú, configuran hoy un núcleo que podría intentar continuar con prácticas similares, adaptándose a un contexto distinto pero manteniendo los mismos incentivos.

Por ello, la agonía de este pacto no debe interpretarse como una victoria definitiva, sino como una oportunidad para la recuperación de las riendas del país. La diferencia dependerá de la capacidad ciudadana para exigir coherencia, fiscalizar el poder y respaldar opciones que coloquen el interés público en el centro de su acción.

El Perú se encuentra en un punto de inflexión. Hoy, más que nunca, como sugiere la historiadora Carmen McEvoy, se requiere una ciudadanía activa que no solo sancione en las urnas, sino que mantenga una vigilancia constante sobre quienes ejercen el poder y sobre todo, hacer una propuesta de Estado y de país aggiornada a las demandas actuales y las del futuro inminente.

El pacto corrupto se disuelve tras haber cumplido su cometido. Lo que está en juego ahora es si el país permite que sus restos se rearticulen o si, por el contrario, inicia un proceso real de reconstrucción institucional. La decisión pertenece a los ciudadanos.