No votar por el pacto corrupto, por Diego García-Sayán

El Perú llega al 2026 con una exigencia ineludible: no entregar el futuro nacional a quienes han convertido el Congreso y el gobierno en taller de blindaje, guarida de delincuentes e impunidad y laboratorio del retroceso democrático.

En un tiempo en que América Latina observa con inquietud el ascenso de extremismos y mafias políticas —Chile, Ecuador, Honduras, incluso EE. UU.—, el Perú debe decidir si quiere navegar hacia adelante o seguir atado al lastre del actual Pacto Corrupto que ha gobernado estos últimos años, con resultados muy malos para el Perú en materia institucional, económica, democrática y de seguridad.

Quienes han integrado o integran la maquinaria parlamentaria del Pacto, que ha generado años de impunidad y desmantelamiento institucional en el Perú, seguirían haciendo mucho daño al país si vuelven a tener poder político por las elecciones del 2026. Este Pacto acaba de avasallar brutalmente la independencia de la justicia, inhabilitando inconstitucionalmente a la correcta fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Una suerte de “golpe de Estado” que termina de destruir la separación de poderes en el país, motivada por la búsqueda de impunidad.

¿Los prontuarios más contrarios a los valores democráticos y a la ética?

Fernando Rospigliosi es uno de ellos. Llamado “presidente” del Congreso, es el principal operador del blindaje y es el cabecilla visible del andamiaje normativo que obstruye investigaciones, debilita controles y consagra privilegios mafiosos. Su permanencia en la vida pública es incompatible con un país que quiera volver a llamarse “democracia”.

La actual Mesa Directiva del Congreso. Si bien el cabecilla es Rospigliosi, está sostenido por la complicidad activa de un equipo que ha impulsado leyes malas para el Perú, amnistías inconstitucionales, reorganizaciones administrativas y ataques al sistema anticorrupción, además del irresponsable déficit fiscal que ha multiplicado gastos corrientes del Estado.

Ninguno debería aspirar a un solo voto en 2026

Congresistas y operadores del Pacto Corrupto. Han votado sistemáticamente por blindajes e impunidad, por desmantelar el Ministerio Público, por capturar la JNJ, por controlar la Defensoría y por debilitar el sistema electoral. Son corresponsables, por acción o por omisión, del grave retroceso institucional de estos dos años.

Los congresistas del Pacto, promotores de leyes de impunidad a favor del crimen. Reformas penales hechas a medida para operadores políticos, amnistías encubiertas, normas para impedir allanamientos, límites a fiscales y jueces, hostigamiento a la prensa.

Han actuado como el brazo jurídico del crimen organizado. Y lo son.

Los aspirantes a exportar el extremismo. Al estilo de VOX en España, versiones tropicalizadas de extremismos antiderechos, difundiendo odio, insultos y teorías conspirativas como método de campaña.

No son un camino viable ni aceptable para el Perú del Bicentenario.

Lo que está en juego

Corrupción, criminalidad y pobreza son temas en los que el Perú ha empeorado durante el gobierno del Pacto Corrupto. Y son los tres ejes que se decidirán en 2026.

El Congreso del Pacto ha fracasado estrepitosamente en los tres: favoreció redes criminales, paralizó reformas de seguridad y relegó la agenda social. Con la complicidad del TC, ha dado rienda suelta al populismo que caracteriza a los partidos que dominan el Congreso. Si los partidos populistas y corruptos que lideran el Congreso mantienen poder, seguirán llevando al país por el despeñadero.

La ciudadanía debe impedir que quienes causaron el incendio regresen a sostener la manguera. Ninguna nación se salva a sí misma entregando su futuro a quienes hicieron de la impunidad su oficio y del engaño su bandera. Un pueblo que tolera la corrupción, la impunidad y el populismo está destinado a perder su libertad.

Este 2026 es clave para el futuro de los peruanos, recuperando el que nos pertenece. El voto debe servir como instrumento de limpieza nacional.

La elección que se viene no es una elección más. No es “derecha” contra “izquierda”: esa no es una distinción relevante, pues quienes se autoproclamaban de un extremo y del otro han estado asociados en el Pacto Corrupto, que ha usado al Estado para beneficios individuales en detrimento del beneficio de los ciudadanos.

Es una batalla entre la institucionalidad responsable y la cleptocracia populista. La línea estratégica para la ciudadanía democrática aparece con claridad: debemos votar por quienes garanticen Estado de derecho, quienes defiendan la prensa libre, quienes fortalezcan Fiscalía, JNJ y Contraloría y el equilibrio de poderes, quienes prioricen seguridad, anticorrupción y reducción real de la pobreza.