La muerte, otra vez, por Rosa María Palacios

Un grupo numeroso de gente, harta de soportar las impopulares y abusivas autoridades que eligió el 2021, sale a las calles a manifestarse. La Constitución les da este derecho fundamental, que esta en la base de la democracia desde que la revolución francesa inventó el congreso representativo y la separación de poderes. “Reunirse pacíficamente sin armas” es un derecho que puede usted encontrar, haciendo arqueología jurídica, como universalmente aceptado por toda república desde el siglo XIX. No tendría que ni decirlo, pero verán ustedes más adelante porque es necesario recordarlo.

Así pues, los pueblos se expresan como mejor pueden. A veces, muy organizados con instituciones sólidas de respaldo como lo fueron partidos, gremios o sindicatos. A veces, la mayoría en la historia, como tumulto inorgánico y explosivo. En el Perú de estos días, con instituciones débiles y poco representativas, a veces las marchas son una mezcla de ambas expresiones y de todo lo que la marea recoge en el camino. Caminan juntos el académico y el vándalo, el pacifista y el exaltado, el joven y el viejo. Marchan, muchas veces, porque cada uno tiene un motivo diferente, una injusticia propia que reivindicar. O, a veces, una propuesta propia que reclamar. En el camino, coinciden o disidente, pero algo los une: están hartos. Lo suficiente como para hacerle saber a la autoridad que el abuso de poder tiene límites en la voluntad popular.

Protestar frente al poder presupone paz. No se trata de milicia armada en delito de rebelión. Se trata de expresión antagónica al poder, por supuesto. Sus manifestaciones artísticas o verbales no van a gustar al régimen. Pero tiene límites. Es decir, como todo derecho, hay otros derechos que, cuando colisionan, deben prevalecer. La vida, la salud y la propiedad no pueden ser derechos vulnerados. ¿Qué pasa cuando estos derechos se afectan? Hay leyes. El Código Penal se aplica para que los causantes de cualquier delito sean detenidos, procesados y, de ser encontrados culpables en un debido proceso, condenados.

Las reglas son claras. Pero, nos toca repetirlas en cada ocasión porque una minoría, que está en el goce del poder y que controla algunos medios de comunicación (y parece que la conciencia poco formada respecto a derechos constitucionales de algunos periodistas) así como hordas de trolls en sus redes sociales, pretenden imponer creencias que son propias de las dictaduras más salvajes.

No se mata. Punto. Las reglas de enfrentamiento de la policía nacional y de las fuerzas armadas también están en la ley. No en una película de acción. Un efectivo solo puede usar un arma de fuego cuando su vida este en peligro inminente. Es decir, en legítima defensa, la cual está también regulada desde el siglo pasado. Y no, no es lo mismo un arma de fuego letal, cuyo único fin es matar, que una piedra, palo, objeto o aparato pirotécnico. Pretender que es equivalente es una falacia que, repetida muchas veces, lo único que ha dejado es una larga y espantosa lista de muertos civiles. Decir que no es lo mismo, no me hace comunista, ni terrorista. El discurso estigmatizante, a estas alturas, no les va a conseguir un solo voto a los que lo usan y pretenden ser elegidos el próximo año. Valga el aviso.

Sin embargo, esta vez el viejo libreto de terruquear a los muertos y heridos ha tenido una notable variación. El asesinato de Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, (músico de Hip Hop, 32 años que deja un niño huérfano de 10 años) ha sido no sólo reconocido en menos de 24 horas por el comandante general de la PNP. También ha identificado al asesino y a su colega presente, ambos policías vestidos de civiles. ¿Fue un súbito ataque de moralidad el que llevó a la autoridad a reconocer el asesinato de un inocente que ya se retiraba de la manifestación cuando le dispararon en la Plaza Francia? Decir la verdad es siempre el camino correcto. Incluso pedir perdón, cosa que también hizo el general, es lo mínimo que debe hacerse.

Pero ¿por qué cortar la entusiasta narrativa de las primeras horas contra la protesta? ¿Qué repetían en redes sociales los trolls (y sus amigos visibles)? Primero, el asesino no es policía. Segundo, no hay policías de civil (repetido por el mismo ministro del Interior). Tercero, aquí están las imágenes de los vándalos que agreden a la policía. Por supuesto que existen tales imágenes y acciones condenables, pero ninguna ocurre en la Plaza Francia y no se les da contexto. La innecesaria y peligrosa gaseada que metió la policía a miles de personas, a las que les cortó las salidas de la Avenida Abancay, originó un caos donde se les respondió con fuego y pedazos de cemento salidos del propio suelo. Caos que no existió antes del anochecer cuando miles caminaron pacíficamente. Cascos de plástico, escudos de triplay y un disparador de pirotécnicos no son, en nada, equivalentes al equipamiento antimotines de la policía que uso indiscriminadamente gases lacrimógenos disparados al cuerpo (una niña de 11 años puede dar fe), perdigones de uso prohibido (ahí están los heridos con la piel agujereada) y finalmente, balas.

Ante la abrumadora evidencia, porque todo está filmado y la Fiscalía esta vez estuvo desde el inicio, el General Arriola no tuvo mas remedio que hacer lo astuto y reconocer el crimen. ¿Por qué astuto? Porque le van a poner toda la culpa al policía, no al comando, como un “lamentable hecho aislado” de un subalterno estresado y confundido. Es decir, “no hay cadena de mando”. A la policía no le ha gustado la solución y al día siguiente se apresuraron a hacerles un homenaje, incluido el presidente Jeri (el de los tuis de medianoche desde la avenida Abancay que ahora no puede negar su dirección en los hechos) para darles unas humillantes canastas de víveres. Y ¿qué va a pasar con el policía? Ya verán que lo condenan por homicidio culposo, que no tiene prisión efectiva.

El gobierno del Congreso (hoy, son lo mismo que el Ejecutivo) quiere los votos de todos ustedes. Con un 97% del país despreciándolos, ya no funciona la terruqueada. En verdad, nunca funcionó, salvo para desprestigiarlos más. Van a quedarse con Jeri u otro títere de ocasión que les funcione porque hoy ser presidente del Perú ya no significa nada. En la desesperación política verán a varios hacerse pasar por democráticos y enemigos de Jerí. Pero los que están en el Congreso no podrán hacerlo. Es ridículo. Jerí es hijo suyo como lo será cualquiera que pongan.

Mientras tanto, al flamante presidente del Consejo de Ministros (el hombre que se avergonzaba tanto de su retórica macartista y mercantilista que borró sus redes sociales) no se le ha ocurrido mejor cosa para “combatir la delincuencia” que un estado de emergencia, cuyo borrador, que tengo a la vista, viene con toque de queda como castigo al pueblo por atreverse a protestar. Gran idea.  Los extorsionadores y sicarios trabajarán con más eficacia si el Estado te tiene encerrado en tu casa.