Ministro sin censura, por Diego Pomareda

En 2018, los partidos hoy representados en el Congreso —Fuerza Popular, Acción Popular y Alianza para el Progreso— votaron a favor de una reforma constitucional que hoy cobra especial relevancia tras la designación de Santiváñez, exministro censurado, como titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En esa ocasión, dichos partidos aprobaron en primera votación la modificación del artículo 132 de la Constitución, proponiendo que “el ministro censurado debe renunciar, además de estar impedido para ser nombrado para algún ministerio durante el resto del período presidencial”, con lo cual se buscaba impedir que un ministro censurado fuera reciclado en otro ministerio.

En 2018, cuando el gobierno no era afín a la mayoría parlamentaria, prohibir que un ministro censurado asumiera otra cartera se consideró un tema tan relevante que incluso comprometió la viabilidad del Senado. El gobierno, con este y otros agregados, interpretó que la reforma constitucional de la bicameralidad se había desnaturalizado.

En 2025, siete años después, estos mismos partidos, con memoria selectiva sobre sus banderas y reformas impulsadas, ya no defienden el criterio que en su momento buscaban que prime. Se han puesto de perfil, argumentando que la designación de Santiváñez es éticamente cuestionable, pero constitucionalmente posible.

Ahora bien, sabiendo que estos partidos defendían que un ministro censurado no debía volver al gabinete, al punto de intentar modificar la Constitución, ¿por qué ahora guardan silencio? La respuesta es clara: estos partidos no se rigen por la institucionalidad ni por principios, mucho menos por el bienestar del país. Lo que prevalece en ellos es el cálculo y el oportunismo político.

Si bien Avanza País se ha pronunciado a favor de remover del cargo a Santiváñez, con el apoyo de fujimoristas, acuñistas y accionpopulistas, la interpelación y censura podrían prosperar. Pero eso no ocurrirá, lo que confirma una vez más el pacto por la impunidad entre el Congreso y el Poder Ejecutivo.

Pedir coherencia y principios a estos partidos es como pedir peras sanas a olmos contaminados. Sin embargo, no está de más evidenciar el ahínco con el que impulsaban la reforma del artículo 132 de la Constitución en 2018, y la indiferencia con la que actúan en 2025. Un motivo más para decir que a una misma razón no se defiende el mismo derecho, y para descartar como opción a estos partidos en la elección de 2026.