El verdadero objetivo de la “reforma” del Ministerio Público

En las últimas semanas, los peruanos han sido testigos de una ofensiva orquestada desde la Junta Nacional de Justicia contra la Fiscalía de la Nación. Sin embargo, dicha intentona no logró su cometido ilegal. Luego de haber impulsado a la mala el acto prevaricador, la JNJ reconoció a Delia Espinoza como la titular legal del Ministerio Público.

A pesar del triunfo del Estado de Derecho frente a la arremetida golpista, quienes ocupan el Poder Legislativo, y desde un inicio han respaldado las acciones inconstitucionales contra la autonomía del órgano fiscal, presentan ahora propuestas para exigir la reforma de la entidad que persigue al delito.

Y es que, lo que se presenta como una aparente cruzada por la “reforma” del Ministerio Público es, en realidad, una maniobra desesperada por parte de ciertos sectores políticos con carpetas fiscales en su haber, para neutralizar las investigaciones en su contra y, por ende, avanzar con impunidad en sus aspiraciones electorales.

Los rostros visibles de esta embestida son parlamentarios de las bancadas ultraconservadoras de Renovación Popular y Honor y Democracia, cuyos miembros —no por coincidencia— están bajo investigación por delitos graves como corrupción, cohecho, peculado, organización criminal e incluso homicidio calificado.

Y en el mismo camino se encuentra Fuerza Popular, el partido cogobernante. Su lideresa, Keiko Fujimori, acaba de ser acusada formalmente por lavado de activos en organización criminal y falsedad genérica en el emblemático Caso Cócteles.

Son estos mismos congresistas quienes exigen declarar en “emergencia” al Ministerio Público y suspender arbitrariamente a la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza. ¿La excusa? La responsabilizan de no permitir el retorno de la exfiscal -investigada- Patricia Benavides, como fiscal de la Nación.

Es por esto que, si bien la bravata de la JNJ fue superada por la defensa de la sociedad civil en favor del Estado de Derecho, el objetivo de los golpistas no ha claudicado.

La estrategia es sencilla: descabezar al Ministerio Público y reemplazarlo por una persona a la medida de los intereses de quienes hoy temen acabar procesados penalmente.

Es parte de un plan más amplio de blindaje político y judicial. Los impulsores de la llamada “reforma” no buscan un mejor sistema de justicia; buscan impunidad.

El país ya ha vivido episodios oscuros en los que el poder político intentó doblegar a las instituciones de control. Esta vez, los peruanos no pueden permitir que la Fiscalía sea desmantelada por quienes deben rendirle cuentas.