La maniobra golpista

El Gobierno de la coalición autoritaria ha agilizado la puesta en marcha de una operación política premeditada, que acelera la posibilidad de un golpe contra la autonomía del Ministerio Público.

Al poner a disposición de la exfiscal Patricia Benavides los recursos policiales del Estado, la orden del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria, configura un acto ilegal cómplice en la captura del sistema de justicia.

A pesar de lo resuelto constitucionalmente por la Junta de Fiscales Supremos, Zanabria ha decidido tratar a Benavides como fiscal de la Nación, amparándose en el falso dilema creado por la JNJ y los operadores políticos de la ilegalidad. Aun cuando la PNP niega reconocer a una fiscal de la Nación, su decisión materializa el apoyo a la usurpación de funciones que, de no corregirse, compromete al Gobierno en un acto golpista flagrante.

De la misma manera como actúa la Junta Nacional de Justicia, este tipo de acciones ilegales marcan la pauta de una narrativa que, ante los ojos de la comunidad internacional y el Estado de derecho, es una arbitrariedad.

Además, la institución de seguridad interna del país, con solo un comunicado, pretende maquillar la subordinación explícita al blindaje de una fiscal destituida y cuya restitución carece de absoluta legitimidad.

Vale la pena mencionar que es el propio comandante Zanabria quien tiene una carpeta fiscal abierta por presunta corrupción durante la gestión de Espinoza.

No obstante, este uso político de sumarse al falso dilema de dos fiscales abre la puerta a un escenario aún más preocupante: desconocer a la fiscal de la Nación, Espinoza, sin base legal ni respaldo fiscal efectivo.

No es menor el detalle: quien hoy se alinea con Benavides podría beneficiarse mañana de su eventual regreso. Se trataría de un trueque siniestro entre impunidad y poder.

Este hecho revela hasta qué punto los operadores del golpe están improvisando sobre el vacío legal. Lo que jamás tendrán por conducto regular lo pretenden imponer a través de la manipulación de la verdad y la coacción, como en las dictaduras.

La ciudadanía y los administradores de justicia deben mirar con máxima atención lo que ocurre, que no es una disputa entre fiscales. Lo que está en juego es si los peruanos permiten que, desde las instituciones encargadas de proteger el Estado de derecho, se construya un Estado paralelo.

No hay democracia sin respeto a la legalidad. El respaldo a la supuesta ambigüedad sobre el futuro del Ministerio Público es grave. Mirar de reojo y admitir el falso dilema fiscal es permitir que el golpe avance.