La prueba de fuego del caso Cócteles

Hoy, el caso Cócteles pasará por una verdadera prueba de fuego, en la que decidirá el destino del proceso y de sus involucrados. El Tercer Juzgado Penal Colegiado, integrado por los jueces Mercedes Caballero García, Nayko Coronado y Max Vengoa, deberá aplicar el mandato del TC en el caso de uno de los procesados: José Chlimper Ackerman, exministro de Agricultura del fujimorismo y comprendido en la acusación fiscal del proceso que involucra a Keiko Fujimori y a toda la diligencia de Fuerza Popular.

Tal como ocurrió con los abogados acusados de obstrucción a la justicia que se vieron beneficiados con el fallo del TC a favor de Arsenio Oré, habrá que ver cómo interpretan los jueces lo señalado por el TC en relación con la acusación fiscal y el posterior juicio público hecho por José Domingo Pérez y el juez Zúñiga sobre el caso de Chlimper.

El TC ha señalado que Chlimper Ackerman fue víctima de una acusación sorpresiva por delitos de organización criminal, lavado de activos y obstrucción a la justicia. Es decir, hay hechos que se le atribuyen que no figuran en la formalización de la investigación preparatoria. Esta es la razón por la que el TC asegura que no se ha respetado el debido proceso.

¿Qué significa en términos prácticos este fallo? Habrá que esperar la opinión del colegiado, que se nutrirá sin duda del debate que se genere en la sala. El fiscal Pérez y los abogados de la defensa seguramente plantearán su interpretación de lo señalado por el Tribunal Constitucional y si cabe extenderse o no al resto de los involucrados.

Es muy importante lo que se decida, porque se trata de uno de los procesos emblemáticos que se ventilan el 2025. Hay suficientes razones, traducidas en pruebas y testimonios, de la entrega de dinero no declarada a la campaña de Keiko Fujimori en el 2016 y de su posterior lavado, mediante falsos aportes o realización de actividades sociales inexistentes.

Habrá que mantenerse vigilantes y esperar que el razonamiento de la justicia y la legalidad se impongan sobre cualquier presión política. El país, sometido a los dictados de una mayoría congresal que abandona la ley para favorecer sus intereses particulares, espera que los jueces estén a la altura de las expectativas democráticas y de la lucha ciudadana contra la corrupción.