La economía y las emergencias ambientales, por José de Echave

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente define una emergencia ambiental como “un desastre o accidente repentino resultante de factores naturales, tecnológicos o inducidos por el hombre, o una combinación de estos, que causa graves daños ambientales, así como pérdidas de vidas humanas y bienes”.

Por lo tanto, las emergencias ambientales pueden ser diversas: afectaciones de la calidad y cantidad de agua (derrames, sequías, etc.), contaminación atmosférica, incendios, inundaciones, las consecuencias de diversos eventos climáticos extremos, como los friajes, heladas, olas de calor y un largo etcétera. Hay una vinculación directa entre eventos climáticos extremos y emergencias ambientales, y lo cierto es que cada año se constatan los impactos crecientes de ambos.

En estos últimos meses, los incendios forestales han afectado varios departamentos del país y también importantes territorios de países vecinos, como Bolivia, Brasil, entre otros. Al mismo tiempo, una sequía histórica está impactando la Amazonía. Pero si retrocedemos un poco, el año pasado el ciclón Yaku y El Niño Costero nos dejaron una enorme factura y el 2022 una grave sequía puso en riesgo el abastecimiento de agua a varios departamentos del país.

Solo entre el 2003 y 2019, el Perú ha pasado por 61.708 emergencias por lluvias intensas, inundaciones, sequías, terremotos y deslizamientos de tierras, según cifras del Banco Mundial. Si seguimos haciendo un recuento de eventos climáticos, los fenómenos El Niño de 1982/83 y el de 1997/98 causaron pérdidas equivalentes al 11% y 6% del PBI, respectivamente; las sequías de 1990 y 1992 provocaron pérdidas del 0,4% y 0,7% del PBI, respectivamente; y El Niño Costero de 2017 afectó a 2,2 millones de personas, lo que provocó daños económicos del orden de los US$3.200 millones, lo que equivale al 1,5% del PBI. Está claro que el análisis económico no puede estar desligado de este tipo de acontecimientos.

Organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para el Desarrollo Económico y el Panel Intergubernamental de Científicos en Cambio Climático han comenzado a proyectar sus costos y en todos los cálculos las cifras van en aumento. Por ejemplo, las estimaciones de los costos del cambio climático en América Latina se sitúan entre el 1,5% y el 5% del PBI regional.

En el caso del Perú, su situación geográfica, la alta dotación de bienes naturales como los bosques primarios amazónicos y en general su gran biodiversidad lo hacen especialmente vulnerable. Algunas proyecciones hablan de pérdidas equivalentes al 6,3% del PBI al 2030, y si no se reacciona a tiempo, subirían a más del 20% al 2050. Según un informe del Banco Mundial, sequías, inundaciones, deslizamientos de tierras, contaminación de fuentes de agua y la ausencia de saneamiento seguro para la población representan en el Perú un costo entre US$8.400 millones y US$13.400 millones por año.

El agua, otra variable crítica a considerar

El mismo Banco Mundial señala que, en el caso del Perú, las brechas de seguridad hídrica, expresadas en restricciones en el suministro de agua, inundaciones y ausencia de saneamiento para la población representan un costo que va entre 1,3% y 3,5% del PBI cada año.

Además, se van a exacerbar los choques hídricos en el Perú, lo que provoca mayor estrés y escasez de agua, y a su vez tendrá efectos en los sectores productivos: dos quintas partes del PBI son sectores intensivos en el uso de agua: es el caso de la agricultura, manufactura, minería, construcción, energía, etc. Medido en puestos de trabajo, 2,4 millones de empleos dependen de estos sectores intensivos en agua.

Los choques hídricos y la interrupción de los servicios de agua afectan los procesos productivos y aumentan los costos de producción. Por ejemplo, como consecuencia de la sequía que se vivió el año 2022 y parte del 2023, el sistema eléctrico nacional, que depende de lo que generan centrales hidroeléctricas que aprovechan la energía cinética del agua, tuvo que recurrir al gas natural y al diésel, lo que provocó que los costos de la electricidad aumenten en algunos meses hasta en un 480%. De hecho, el aporte del agua a la economía del país se incrementa cuando se toma en cuenta el impacto de la energía hidroeléctrica.

Alcanzar la seguridad hídrica, entendida como la disponibilidad en cantidad y calidad aceptables de agua para la salud, los medios de subsistencia, los ecosistemas y la producción, debe ser considerado como un objetivo estratégico. Por ello es fundamental promover ser responsable y evitar que actividades productivas y el consumo municipal y doméstico ejerzan una presión que provoque su disminución. Por ejemplo, los acuíferos de Ica, Villacurí y Lanchas, desde hace tiempo vienen siendo sobreexplotados por la agroindustria y no se hace nada para corregir esta situación.
En paralelo, se debe garantizar los niveles de inversión proyectados en infraestructura hídrica. En la actualidad, la capacidad de almacenamiento de agua de las represas artificiales que tiene el Perú apenas llega a 184 metros cúbicos por persona, mientras que el promedio para América Latina es de 2.500 metros cúbicos (ver gráfico).

La economía del siglo pasado

Por eso llama la atención que en el debate económico en el Perú no esté presente la variable ambiental, salvo cuando se produce una emergencia, como ha ocurrido ahora con los incendios forestales o cuando se presenta algún evento que provoca graves impactos. Sin embargo, proyectar puntualmente los impactos de un fenómeno meteorológico extremo en la economía hoy en día es largamente insuficiente. Lo cierto es que ya estamos viviendo una nueva “normalidad” caracterizada por una crisis climática que viene acompañada de un conjunto de eventos extremos que, en algunos casos, se convertirán en recurrentes y hasta permanentes.

¿Hasta cuándo se va a seguir ignorando en el análisis económico esta realidad? ¿Se van a seguir improvisando las respuestas frente a los sucesivos eventos climáticos extremos? Se necesita hacer adaptación y mitigación con urgencia. Es necesario invertir en infraestructura; proteger nuestros ecosistemas, hacer gestión sostenible del agua, desarrollar una mayor capacidad de alerta meteorológica, etc. La premisa es que la prevención permite proteger a las poblaciones, sobre todo a las más vulnerables, la infraestructura estratégica, los sistemas productivos (que deben adecuarse con urgencia a la nueva situación), etc. Hacer esto es menos costoso que reconstruir cada cierto tiempo los graves daños que generan los eventos climáticos extremos.

Si no hacemos la tarea, cualquier plan orientado a recuperar la economía está destinado a fracasar. Por lo tanto, no cruzar la variable climática con la economía es no entender lo que realmente está pasando en el planeta.

Cuando tenga delante a un economista, una manera de evaluar su competencia es si en sus análisis y propuestas la variable crisis climática está presente. Si no está presente, ha quedado desfasado. Es un economista del siglo pasado.

1 La energía hidroeléctrica representa el 57% de la generación de electricidad en el país.