Poderosa inseguridad

Lo sucedido en la mina Poderosa, en La Libertad, debe llamar a una reflexión de las autoridades que tienen a su cargo la seguridad, elemento básico para el desempeño de la industria y que garantiza la inversión privada en el país. Respuestas como las brindadas, que señalan que el estado de emergencia no comprende la zona de la voladura, no solo no dan tranquilidad, porque parecen puro escapismo de la realidad, sino que debilitan seriamente los compromisos adquiridos por un Estado que no puede sacar el cuerpo, sobre todo cuando la situación de inseguridad en la zona desde hace tiempo ha dejado de ser normal.

Poderosa ha dejado de operar porque se ha dinamitado la conexión con el Sistema Eléctrico Nacional. No se trata de la primera vez que algo así ocurre. En sus instalaciones han perdido la vida 17 trabajadores mineros, y este atentado se suma a otros 15 que ya se han producido en torres de alta tensión. Se han volado ya una subestación eléctrica, una línea de transmisión y una tubería de fuerza de la central hidroeléctrica.

La mina está ubicada en Santa Rosa de Zancobamba, distrito de Chugay, en la provincia de Sánchez Carrión, adyacente a Pataz, donde permanecen 300 efectivos policiales y del Ejército por la declaratoria de emergencia, vigente desde hace varios meses.

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Los autores son mineros ilegales que presionan delictivamente para apoderarse de la actividad extractiva y sustituir a las empresas formales y poder operar con métodos depredadores de los ecosistemas. No ocurre solamente en Pataz o en otras localidades de La Libertad. Este quehacer ilegal se reproduce en todo el país, tratando de generar zozobra y caos para ahuyentar las actividades mineras debidamente autorizadas por otras en las que no haya controles ni ley.

El Congreso ha dado otro gran impulso a estos mineros ilegales, a los que se les mantiene en una suerte de limbo jurídico, mientras se les extiende el plazo para una formalización que no llega nunca. Bajo esta protección, siguen operando sin que pueda perseguirse con Sunat y otras dependencias públicas las presumibles fortunas que se van formando alrededor de la extracción de minerales, entre ellos el codiciado oro.

El caso de Poderosa es solo una muestra del escalamiento de esta actividad ilegal que se asocia a otras como el narcotráfico, la trata, etc., alimentadas por el gran movimiento de dinero sin control y la consolidación de espacios liberados de control estatal, donde la vida parece valer nada. La respuesta del Estado debe ser contundente y sin excusas. No hay inversión privada posible si no se adoptan medidas que garanticen la seguridad de la labor empresarial.