Un contralor a la medida

Aún la presidenta Dina Boluarte no envía al Congreso la terna de candidatos que podrían suceder al actual contralor, Nelson Shack. A partir de allí, el Congreso evaluará esos perfiles y elegirá entre ellos al reemplazo. Se trata de un proceso que tiene protocolos, fechas y plazos que no se están cumpliendo.

Es evidente que del lado del propio Shack y del Congreso existe la intención de permanencia. Es un funcionario que es afín y que ha dado muestras de ello. Para ejemplo, la declaración inicial al conocerse el Rolexgate, en la que trató de minimizar el asunto y de señalar que no había obligación de declarar su existencia y procedencia, en el caso del presidente de la República y de altos funcionarios públicos.

Fue corregido de inmediato por propios y extraños. El sindicato de la Contraloría ha puesto el punto sobre las íes en varias ocasiones en estos últimos tiempos. Respecto a la obligación que tienen los mandatarios a declarar bienes y rentas y también a la decisión de mantener a Shack hasta que tenga reemplazo, lo que según el sindicato no es necesario porque ya hay cláusulas internas que establecen que, si se produjera el cese del contralor, asume de inmediato alguno de los vicecontralores en funciones.

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Es el sindicato el que advierte y obliga al contralor a transparentar su participación en un curso de capacitación política para Fuerza Popular, con la asistencia de Keiko Fujimori. Debido a la denuncia sindical, se incluye la actividad dentro de la agenda oficial del contralor, donde no estaba considerada.

Es interesante que en el último comunicado sindical se señala que el contralor Nelson Shack ha permanecido, de su tiempo total al frente de la institución, 400 días fuera del país. Se conocía de esta copiosa agenda en el exterior, aunque no la abultada cifra.

Es interesante ver el accionar diferenciado que asume el Congreso en alianza con el Ejecutivo cuando se trata de funcionarios públicos del estilo del contralor. Poca atención, ninguna objeción, menos fiscalización. Otra es la conducta cuando se trata de autoridades independientes, a las que recargan con todo el peso de su poder y exigencia.