Congreso de la arbitrariedad

Polémica participación del congresista José Luna Gálvez en las dos votaciones correspondientes a la inhabilitación por 10 años de Inés Tello, y posteriormente a la de Aldo Vásquez, ambos integrantes de la JNJ, puso en evidencia que el Congreso se rige por la arbitrariedad. Es decir, por un acuerdo interno de quienes tienen mayoría en la Junta de Portavoces.

No rige la Constitución, que es la ley de leyes, y que este Congreso defiende como sacrosanta pese a que perforan cuando quieren su articulado. Tampoco por el reglamento interno que aplican cuando les conviene, a su parecer y entender, sino por un acuerdo logrado en la Junta de Portavoces al que le han dado carácter de “vinculante”.

Esta interpretación antojadiza a la que han definido como “hermenéutica parlamentaria” es la que se ha impuesto el jueves último y que marcará sin duda para la historia el carácter espurio de la votación con la que se descabezó a la Junta Nacional de Justicia.

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Se anuncia que mañana se definirá también el futuro del actual presidente de la JNJ, Antonio de la Haza. Sin mayor explicación se levantó la sesión cuando faltaba definir la reconsideración planteada en su caso. El cálculo político empleado y las trampas a las que se recurrieron en los otros dos casos podrían determinar el resultado de esta nueva votación.

Los especialistas señalan que el artículo 100 de la Carta Magna expresamente señala que no votan los integrantes de la Comisión Permanente. No hace diferencia entre quienes votaron por la moción previamente o no. Y donde la ley general no discrimina no puede hacerlo un acuerdo interno.

Por lo pronto, todavía hay un amplio terreno para la discusión y para la defensa de la legalidad. La democracia se defiende en todos los espacios posibles. Un escenario sin legitimidad como el Congreso y en el que se está permitiendo que impere la arbitrariedad no puede irrogarse el derecho de imponer sus propias leyes.