No llores porque te mato, por Marisa Glave

El 2023 fue un año convulso, cargado de diversas crisis políticas, por lo que el debate se ha centrado en el quehacer del Congreso y del Gobierno. Pero en esta columna quiero cambiar el foco de atención y reflexionar sobre un tema que se nos está escapando de las manos: la inseguridad por el incremento del sicariato y la extorsión.

No es un tema sobre el que suela escribir, pero cerrar el año con asesinatos en centros comerciales a plena luz del día y de familiares de cantantes por arreglos de cuentas entre bandas criminales o por presión de pago de cupos es alarmante y merece toda nuestra atención. Este año hemos visto cómo delincuentes lanzan granadas a locales comerciales, amenazan a profesores y logran el cierre de instituciones educativas, o asaltan pequeños comercios para robar celulares y cajas registradoras.

Hace unos días, en San Martín de Porres, dos delincuentes armados entraron a un restaurante y a gritos robaron a los comensales. Uno le gritaba a una mujer mientras le apuntaba con la pistola “no llores que te mato” y el otro se acercaba al dueño del local que cargaba desesperado a su hijo —un niño de no más de 4 años— y le decía que se tranquilice porque lo matarían. Los asaltantes, con acento claramente peruano, salieron sin problema y se dieron a la fuga.

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Estos episodios de violencia no son esporádicos, no son aislados, son sistémicos y se han vuelto parte del cotidiano del país. Ciudades como Trujillo y Lima son escenario permanente de la acción delincuencial. Mientras el crimen avanza, nuestras autoridades actúan al tuntún, sin pensar seriamente, sin real conocimiento del problema, con medidas efectistas que pueden, incluso, agravar la situación.

El alcalde de Trujillo cierra el centro comercial y pide que lo demuelan: ¿eso sirve de algo más allá de arruinar a quienes tienen sus tiendas ahí? Acuña, gobernador de La Libertad, pide que ingrese el Ejército, ¿para qué? No lo tiene claro, como no lo tienen quienes piden en Lima y sus distritos declaración de estado de emergencia, pero lo solicitan porque suena contundente.

Ahora, el Gobierno de Boluarte modifica el Código Procesal Penal para darle mayores poderes a la Policía Nacional. Los organismos de DDHH han reaccionado, señalando que pueden usarse estos dispositivos para criminalizar la protesta, lo que es un riesgo inaceptable. Pero la crítica mayor es que esta medida tampoco resuelve el problema de la criminalidad y podría, por el contrario, ¡agravarlo!

Ayer, La República puso en evidencia que más de 1.000 policías fueron expulsados por corrupción este 2023. El 2022, llegaron a 990 y el 2021 fueron 897. Muchos vinculados precisamente a bandas criminales. ¿Ahora podrán intervenir escenas de crimen sin presencia fiscal? Por favor, basta de medidas efectistas, que resuenan a mano dura, pero que son solo improvisación. Son un juego cínico de quienes tienen poder.