Tarea pendiente, por Hernán Chaparro

(*) Psicólogo social, Facultad de Comunicación, Universidad de Lima.

La tensión alrededor de las denuncias sobre el comportamiento de la Fiscalía y un número importante de congresistas, su enfrentamiento a la Junta Nacional de Justicia, así como el indulto a Fujimori por parte del Tribunal Constitucional, han sido la expresión de una inestabilidad que pone en evidencia el barco a la deriva en que se ha convertido la política peruana. No es novedad, pero la permanencia en el tiempo genera zozobra y ahonda la falta de legitimidad de las instituciones. La última encuesta de Datum, realizada para El Comercio, muestra que el nivel de desaprobación del Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial y Fiscalía están entre el 70% y el 80% o incluso más. No solo se ha deteriorado el vínculo de la población con algunos personajes, se ha deteriorado la legitimidad del sistema político en su conjunto.

Hay manifestaciones en contra de toda esta situación, o por algún tema en particular, pero no han logrado el impacto que algunos esperaban. La ciudadanía en el interior es más activa en estas acciones que en Lima. En el sur se sigue reclamando justicia por los muertos, pero esa voz sigue chocando con la lentitud de una Fiscalía que es presurosa para otros menesteres, menos para estos. Que las marchas y otros actos de protesta no hayan logrado el impacto deseado, especialmente en Lima, no solo repercute en las convocatorias futuras sino en la sensación misma de que la salida es incierta.

Los grupos del Congreso que discrepan de los arreglos dominantes no tienen mayor impacto y están también dispersos. Algunas voces individuales destacan, pero no alcanza. Fuera de la plaza Bolívar, quienes hoy promueven las marchas no tienen capacidad de convocatoria suficiente. Quienes antes eran exitosos, hoy han perdido fuerza, y los nuevos convocantes generan dudas o rechazo. De los nuevos partidos o aspirantes a serlo, poco se escucha. Dicho en corto, no hay Gobierno, pero tampoco hay quien lidere la oposición. Eso genera mayor desesperanza.

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Es momento de pensar más allá de las marchas o, en todo caso, entender que estas pueden ser la justa expresión de reclamos diversos, que pueden tener un rol, que son necesarias, pero no suficientes. Hay que dejar de lado la idea de que se logrará convocar una gran manifestación como la que derrocó a Merino. Ahí todavía se tenía la esperanza de que una elección podría llevar al Congreso a mejores representantes. Hoy no la hay.

El sentimiento antiestablishment repercute negativamente en las marchas. Hay que mirarse en el espejo y asumir que, a pesar de lo que muestran las encuestas, no hay quienes tengan la fuerza de representar de manera amplia esa indignación, reclamos y protestas. La esperanza necesita de alguien que la reciba, pero la fragmentación está por todos lados. No solo el Gobierno tiene problemas, la oposición también. Además de criticar al Gobierno, al Congreso, a la Fiscalía o al Tribunal Constitucional, hay que preguntarse por qué no se puede construir algo diferente. Ahí también hay que ser crítico.

¿Qué otras formas hay de canalizar el descontento? Hoy, los partidos políticos en general no son vistos como alternativa. Indudablemente, aparecerán algunos activistas buscando votos en su momento, pero eso es más de lo mismo. ¿Es posible construir algún tipo de frente, alianza, acuerdo que permita avanzar en acciones de bien común, alejados de la corrupción? Eso pone sobre la mesa nuestra capacidad para deliberar, llegar a acuerdos sostenibles que den gobernabilidad entre quienes discrepan en otros asuntos. Puede implicar dejar de lado personalismos, junto a otros ismos, para dar soluciones a problemas, por ejemplo, de inseguridad ciudadana o, sobre todo, al avance de la corrupción en la política. Históricamente, esta dificultad llevó a golpes militares y luego a la aparición de outsiders. Es la tarea pendiente desde el 2001.