Incendio de tres alarmas en la Fiscalía, por Jo-Marie Burt
“Urge una investigación inmediata y exhaustiva de las graves alegaciones en contra de la fiscal de la Nación, quien debe ser removida del cargo...”.
Hoy pensaba escribir sobre la nefasta decisión de suspender por ocho meses al fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato, por razones absolutamente risibles: hace tres años dio declaraciones a la prensa sobre la investigación contra Keiko Fujimori. Vela, quien además de investigar a Fujimori también investigó a expresidentes de todos los tintes políticos, fue suspendido sin goce de haber y sin la posibilidad de contratar otro trabajo, en un intento evidente de obligarlo a renunciar a pesar de que la CIDH le otorgó medidas cautelares. Iba a argumentar que esta decisión, promovida por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no solo representa un atentado grave a la lucha anticorrupción en el Perú sino a la misma institucionalidad del Ministerio Público.
Pero los hechos de las últimas 24 horas convierten la situación en el Ministerio Público en un incendio de tres alarmas. Una investigación liderada por la fiscal Marita Barreto del Equipo Especial contra la Corrupción acusa a tres asesores de la fiscal de la Nación de conformar parte de una estructura criminal liderada por la misma Benavides, que ofrecía a congresistas archivar investigaciones penales contra ellos a cambio de medidas que beneficiaban a la fiscal.
La investigación señala tres hechos concretos en que la fiscal Benavides y sus asesores habrían influenciado de forma ilícita: la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, la designación de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo y la remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Benavides buscaba controlar estos espacios para garantizar su continuidad en el poder. Uno de los asesores señalados, Jaime Villanueva, ha sido detenido.
Increíblemente, en la madrugada del lunes, Benavides ordenó el despido de quien la investiga. Una orden ilegítima que no debería tener efecto.
Urge una investigación inmediata y exhaustiva de las graves alegaciones en contra de la fiscal de la Nación, quien debe ser removida del cargo mientras proceda la investigación. Su continuidad frente del Ministerio Público es una amenaza al principio de separación de poderes, base de la democracia.
Si no, el Perú seguirá su camino hacia la Guatemalanización, donde la fiscal general, Consuelo Porras, puesta en el lugar por sectores corruptos, terminó siendo la pieza clave para lograr la cooptación cuasi-total del Estado, la liquidación de la institucionalidad democrática y la persecución penal de los enemigos de la alianza en el poder, entre ellos, fiscales y jueces independientes e internacionalmente reconocidos por su papel en la lucha contra la corrupción. Con ese poder acumulado, la fiscal general está haciendo lo posible por desconocer la amplia victoria electoral de Bernardo Arévalo y para impedir que asuma la presidencia.
Hoy Perú está ante una disyuntiva que marcará su futuro por largo tiempo.