Patrimonio Cultural y sus defensores, por abogado Juan Manuel de la Piedra

(*) Presidente del Comité Nacional de Defensa del Patrimonio Cultural-CNDPC.

Cuando hablamos de Machu Picchu y de los monumentos que tenemos en las diferentes regiones de nuestro país, pareciera que sí, que hinchamos el pecho por este importante legado. Pero cuando hablamos del Morro Solar en Chorrillos, en Lima, Huacaloma en Cajamarca, Cerro Colorado en Huacho, Saqsayhuaman en Cusco, Conchopata en Ayacucho, entre otros, que más bien están en constante riesgo o incluso se han perdido a consecuencia de las ocupaciones ilegales, las estafas y el poco o nulo arraigo que pueden tener las personas con este patrimonio arqueológico, sobreviene un largo silencio. La mayoría de “huacas” hoy son sinónimo de miedo, inseguridad, violencia y oscuridad.

El marco legal: contamos con una Ley General de Patrimonio Cultural, la ley 28296, aprobada en el año 2004; modificada recientemente a través de la Ley 31770, luego de 19 años. Se reconoce la colaboración de la sociedad civil, las entidades académicas e incluso las empresas privadas. ¿Será posible que los sitios arqueológicos que no tienen aún la posibilidad de ser convertidos en recursos o productos turísticos sean iluminados para reducir la inseguridad? ¿Habrá algún mecanismo para que el Perú cuente con más restaurantes como huaca Pucllana, donde la empresa privada ha podido asentarse “formalmente” y ofrecer un buen servicio de restaurante dentro del sitio arqueológico? ¿Por qué solo se ha tenido este modelo en Miraflores, el distrito más turístico de Lima? Pese a esta importancia en el cambio de visión, exministros están preocupados porque consideran que se va a perder el patrimonio. ¿Es que no se ha perdido a la fecha? ¿Es que estará bien protegido con la anterior ley y los reglamentos? Obviamente no.

En Lima, hay sitios arqueológicos invadidos u ocupados por más de 30 años, donde los habitantes no tienen acceso a servicios básicos. ¿Cuál es la propuesta para esta situación?

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La ley modificada permite excepcionalmente la independización o lotización de bienes inmuebles del patrimonio cultural, pero solo para bienes históricos. Sin embargo, valdría la pena una reflexión al respecto. La ley también obliga a los titulares de proyectos que generen riesgo o impacto negativo a un bien cultural inmueble a ser debidamente compensados, previo sustento técnico, considerando que el patrimonio cultural es un recurso no renovable. ¿Por qué el susto? ¿Queremos seguir en la inercia y no tomar decisiones para disminuir las brechas de infraestructura en nuestro país?

La propuesta de eliminación del CIRA genera escándalo y puede ser que para un experto arqueólogo en una determinada área no existan restos arqueológicos y, para otro, en la misma área, sí. De ahí la cantidad de nulidades de emisión de CIRA, unido a la imposibilidad material de hacer las verificaciones en territorio, por falta de recursos, personal, y sin considerar la corrupción detrás que es posible que se dé.

Se han emitido aproximadamente 80.000 CIRA, sin embargo, solo en el geoportal.cultura.pe se encuentran poco más de 20.000. ¿No valdría la pena tener un catastro arqueológico digital de los CIRA ya emitidos y evitar corrupción? Utilizar las nuevas tecnologías y quizás sea mejor reforzar y fortalecer los procedimientos de acompañamiento y excavación cuando se requiera realmente la remoción de tierras.

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Nuestro patrimonio tiene que ser protegido, recuperado, resguardado y puesto en valor, pero también hay que mejorar procedimientos, evitando gastos administrativos dobles y haciendo uso eficiente de tecnologías, mirando la realidad de nuestro país, que no es ni España ni China ni Estados Unidos. El Perú es único.