La crisis interna tiene eco afuera, por Diego García-Sayán

Este lunes el medio virtual La Mula, que dirige con seriedad Javier Torres, difundió una excelente entrevista al antropólogo e investigador del IEP Ramón Pajuelo. La recomiendo por la precisión y claridad descarnada de su análisis sobre la crisis política e institucional que nos afecta tan seriamente.

Destacó allí que internamente se ha terminado el ciclo de la transición democrática iniciado a fines de los 90. Este ciclo tuvo su punto medular en la caída del autoritarismo en noviembre del 2000 y la apertura de un proceso —que duró cerca de dos décadas de institucionalidad democrática y de transiciones resueltas por el camino electoral— y, por cierto, de crecimiento económico sostenido, de atracción de inversiones y de reducción de la pobreza.

La crisis actual se conecta a una sucesión constitucional, sí —tras el autogolpe de Pedro Castillo, en diciembre de 2022—, pero que se desvistió rápidamente de respaldo popular, con los 49 muertos por el uso excesivo —y aún impune— de la fuerza pública.

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Esta crisis es resultado directo de una alianza de intereses individuales —muchos de ellos corruptos e impresentables— entre quienes tienen el poder político. Intereses de pequeños grupos están dirigiendo al Estado —Gobierno y Congreso— directamente hacia el aislamiento internacional. Principalmente porque los grupos que manejan el Congreso están ignorando reglas y estándares democráticos básicos que el Perú había contribuido a construir en el pasado.

Por ejemplo, la diplomacia peruana aportó durante décadas a edificar el crucial instrumental internacional de derechos humanos en la ONU, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos en adelante. Tuvo, entre otras, la iniciativa de generar, en el sistema regional, la Carta Democrática Interamericana el 2001, cumpliendo un liderazgo regional importante. Muy en contraste con ello, hoy en día, desde la Cancillería se convoca a la ONU para quejarse porque esta le recordó al país algo tan fundamental como que están vigentes instrumentos internacionales que comprometen al Perú a garantizar la independencia judicial.

También fueron claras y precisas las palabras del alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, quien pidió al Congreso “que se ajuste a los principios de las Naciones Unidas sobre independencia de la Judicatura y respeto al equilibrio de poderes”. Se sumó la declaración conjunta esta semana, en el Día Internacional de la Democracia, hecha por Australia, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Francia, México y Reino Unido apoyando “los principios fundamentales de la democracia, incluyendo una sociedad civil dinámica, la separación de poderes y la independencia de las instituciones”.

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Esta preocupación internacional, que nos recuerda principios vinculantes sobre la independencia judicial, suele ser mal recibida por los poderes oscuros. En nuestro medio por quienes detentan el poder en el Congreso y un Gobierno que ostensiblemente parece no saber que existen estándares internacionales que debe respetar un Estado que se pretende democrático.

¿Convocará la Cancillería para ‘regañar’ al secretario general de la ONU por ser cabeza de ese sistema ‘intruso’? ¿Hará lo mismo con los embajadores de los ocho países amigos, para que el deslegitimado Congreso pueda seguir haciendo de las suyas para su exclusivo beneficio?

Espero que no se llegue a eso. Pero dada la conducta oficial reciente, para guardar coherencia, podría esperarse que se acuse a la ONU y a todos esos países de ‘caviares’, término recurrente en los sectores más autoritarios y cavernarios que desde ya hace un tiempo encharcan la política en el país.

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Recordar todo esto resulta particularmente pertinente en esta semana que se ha inaugurado el período anual de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Fueron contextos de política interna y externa bastante más auspiciosos los de previas presentaciones presidenciales peruanas en ese foro.