Tic-tac, tic-tac... ¿reculará Boluarte?, por Augusto Álvarez Rodrich

La iniciativa del Gobierno para condenar a los periodistas que opinen sobre protestas y manifestaciones constituye una nueva amenaza a la libertad de expresión que, como la mayoría de las previas, probablemente no se concrete, pero que refuerzan un ambiente que confirma que este lustro político es el peor para el ejercicio de la libertad de expresión desde el fujimontesinismo en el siglo pasado.

El Gobierno ha solicitado facultades legislativas para, entre otros asuntos, modificar el código penal en materia de seguridad, planteando “sancionar a los instigadores del delito de disturbio […], ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas incluso incitando a la violencia”.

El libre ejercicio de la libertad de expresión permite a un periodista apoyar o rechazar su realización, y esta iniciativa ocurre cuando podrían reactivarse en breve las protestas por el intento inaceptable del Congreso de reemplazar a los miembros de la JNJ por gente afín a sus objetivos políticos.

PUEDES VER: Manuel Rodríguez: “La tarea inmediata es lograr un consenso para el adelanto de elecciones”

El abogado Roberto Pereira, asesor jurídico del IPYS, advierte que la instigación ya está prevista en el código penal para cualquier delito y funciones, y se aplica con los criterios y reglas generales de siempre, por lo que es innecesario crear una figura de instigación para el delito de disturbios o el de entorpecimiento de los servicios públicos.

Esta nueva amenaza a la libertad de expresión ratifica la actitud de la presidencia de Dina Boluarte contra el periodismo, que se suma a otras iniciativas de este gobierno y el de Pedro Castillo, la cual es compartida por el congreso, con proyectos tan ingenuos como absurdos que creen que los medios se amedrentarán por torpedos burdos que afectan el fundamento democrático del derecho de la ciudadanía a informarse por medios libres en el marco de una pluralidad de opinión.

Interrogada sobre el tema, la presidenta dijo que “el Gobierno jamás tomará alguna medida o proyecto que pueda perturbar la amplia libertad de prensa”, pero tres días después aún no retira esta nueva amenaza. ¿Cuánto falta? Tic-tac, tic-tac… ¿reculará Boluarte?