El asalto final, por Raúl Tola

La moción planteada en el Congreso para destituir a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) es un salto adelante en el camino sin atajos de la destrucción institucional del Perú. Impulsada por la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, acusa a los miembros de la Junta de filtrar a la prensa información sobre el proceso que se sigue a la actual fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y de intentar desacreditar al Parlamento ante la inhabilitación de Zoraida Ávalos, ex fiscal de la Nación.

Son unos argumentos francamente febles. El primero es una pura especulación y el segundo un verdadero descaro. El comunicado que la JNJ publicó cuando Ávalos fue destituida apela a su condición, constitucionalmente establecida, de garante de la independencia de los jueces y fiscales peruanos, y se limita a llamar a la reflexión a los congresistas, recordándoles que “la justicia no puede ser afectada por la política, sin riesgo del quiebre de la autonomía de las instituciones”. Eso fue, precisamente, lo que hizo el propio Congreso cuando destituyó a Ávalos, por tomar una decisión jurisdiccional con la que no estuvo de acuerdo, y es, de manera todavía más grosera y peligrosa, lo que pretende hacer ahora con la Junta.

La ofensiva contra la Junta Nacional de Justicia lleva tiempo cocinándose. Hasta ahora, se había centrado en la figura de Inés Tello, encargada de tres de las cuatro investigaciones contra la fiscal Benavides (por la obtención de sus grados académicos, la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla, los registros de llamadas con Antonio Camayo y la condecoración que recibió de Rafael López Aliaga, alcalde de Lima con procesos abiertos ante la justicia). El paso tomado esta semana escala varios grados la ofensiva contra una institución que surgió del desmantelamiento del corrupto Consejo Nacional de la Magistratura y que, en medio de la tierra arrasada que son las instituciones peruanas, tomadas por intereses mafiosos, es un lunar de independencia y, por lo mismo, un peligro para la ofensiva autoritaria en curso.

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La situación se ha vuelto tan delicada, tanto nos aproxima a los estándares democráticos del gobierno de Fujimori y Montesinos (un proyecto que, a diferencia del actual, al menos tenía norte), que la avanzada contra la Junta Nacional de Justicia ha ocasionado una carta donde la ONU expresa su preocupación, apela al principio de independencia de la judicatura y, por si hiciera falta, recuerda que “solo defendiendo y garantizando los principios de separación y equilibrio de poderes se puede aspirar a consolidar una sociedad justa y democrática”.

¿Qué les queda decir ahora a los cómplices de esta avanzada contra la democracia? ¿Que la ONU es manejada por Soros, que es un instrumento caviar, que es un cenáculo de vividores de dineros públicos? ¿Exigirán, en un heroico ejercicio de fantasía, que, en protesta por esta injerencia y en salvaguarda de su soberanía, el Perú se retire de la ONU? No me sorprendería. La temeridad de estos conjurados solo se compara con su cinismo y falta de luces.